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Treinta años han pasado desde los primeros anuncios del traslado de la cárcel de Chillán a un nuevo recinto, y aún no existe siquiera un terreno para su construcción y sí decenas de declaraciones de autoridades de sucesivos gobiernos, referidas a supuestos esfuerzos por avanzar en este tema que ha vuelto a cobrar actualidad, después de un intento de fuga y la determinación del Gobierno de hacer una ampliación a la cárcel Santiago 1 para crear un plantel penitenciario de alta seguridad.
Las primeras referencias a la necesidad de trasladar el edificio construido en 1943 datan de 1994, y están asociadas a una visita de la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear. Al ver su ubicación, en pleno centro de la ciudad, Alvear anunció que su cartera iniciaría los estudios para construir un nuevo penal.
Diez años después, durante el primera mandato de Michelle Bachelet, y tras admitir que el recinto era insuficiente para la población penal que albergaba, las autoridades de Justicia, repitió lo mismo que veníamos escuchando una década atrás: que solo bastaba definir qué terreno sería comprado para luego licitar su construcción. Como muchos otros anuncios, no se concretó.
Luego vino el terremoto de 2010, que puso una señal de alerta respecto de la necesidad de sacar la cárcel del centro de la ciudad, dado que aquella fatídica madrugada se produjo un incendio en el penal y una fuga masiva de reos que causó mucho temor entre los vecinos. Como era de esperar, la administración de Piñera asumió como un compromiso la construcción de una nueva cárcel, pero la iniciativa se encontró con el mismo obstáculo que existe hasta hoy: la oposición de las comunidades que no quieren tener una cárcel en su entorno.
Incluso, en esa época -por razones de supuesta eficiencia económica y rentabilidad- se empezó a hablar de una cárcel biprovincial, equidistante de Los Ángeles y Chillán, para resolver los problemas de hacinamiento que sufrían los penales de ambas ciudades. Era un mal proyecto que se llenó de críticas y fue desechado, aunque ese capítulo y todo lo que sucedió después pasa a segundo plano, ya que al igual que en 2016, el tema se encuentra en punto muerto, por más que quieran hacernos creer lo contrario.
El último episodio lo tuvimos en mayo pasado. El supuesto avance consistía en que el Ejército se había abierto a la posibilidad de ceder parte de sus terrenos en Quilmo, para construir allí la nueva cárcel. Al día siguiente, en la institución militar no tenían idea del tema, desde la Seremi de Justicia desconocieron la aseveración y en Gendarmería respondieron “no hay nada oficial”.
Los múltiples anuncios de traslado de la cárcel de Chillán y construcción de un nuevo recinto que nunca se concretan han sido una constante, a tal punto que después de tres décadas los chillanejos nos hemos mal acostumbrado a escuchar en reiteradas ocasiones el mismo anuncio oficial y a esperar en vano se cumpla la promesa de un centro penitenciario, acorde a la nueva realidad criminal que vive nuestra región.
