Cada día existe mayor consenso en la opinión pública en torno al escaso efecto de las cuarentenas prolongadas tras el objetivo de bajar los contagios de Covid-19, y en consecuencia, reducir la presión sobre el sistema de salud. Así lo planteó incluso el exministro de Salud, Jaime Mañalich.
Las cifras de nuevos casos demuestran que esa estrategia para mantener el virus a raya no ha dado resultados.
En la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, en cuarentena total desde el 23 de enero pasado, la expectativa es que esta medida se levante el lunes 22 de febrero, a partir de lo planteado por el Ministerio de Salud el 11 de enero, respecto a que cuatro semanas es el período máximo que se puede extender una cuarentena, una declaración que en aquel momento contribuyó a dar certezas a los rubros económicos que han estado paralizados como consecuencia de esta restricción, como el comercio y los restaurantes.
Sin embargo, las afirmaciones este lunes del ministro de Salud, Enrique Paris, en las que justificó que Curanilahue sume nueve semanas en Fase 1, sembraron un manto de duda. En una voltereta que será recordada por mucho tiempo, dijo que “quizás no hicimos claramente estos anuncios y por eso ahora pido disculpas”, al tiempo que condicionó la salida de una comuna de la cuarentena al cumplimiento de dos requisitos epidemiológicos: que bajen la incidencia y la positividad de los casos.
Desafortunadamente, los números no han mejorado en Chillán, por lo que de no mediar una sorpresa en los indicadores en los próximos días, no es difícil anticipar que la intercomuna continúe en Fase 1 por al menos una semana más.
Este escenario que no solo se vislumbra para Chillán y Chillán Viejo, sino que para un buen número de comunas del país, será un duro golpe para las micro, pequeñas y medianas empresas que no han podido operar normalmente en estas tres semanas, un impacto que se observará en las finanzas y también en el ánimo de los empresarios, quienes sobre la base a la “certeza” que el Ministerio de Salud había anunciado el 11 de enero, se han planificado para reabrir el próximo lunes 22 de febrero, por ejemplo, en materia de suspensión de contratos laborales.
Con el antecedente de la menor eficacia de las cuarentenas prolongadas, el avance del proceso de vacunación en los adultos mayores y la necesidad urgente de evitar la muerte de más empresas -y la consiguiente destrucción de empleos-, es fundamental que el Gobierno explore medidas alternativas o complementarias, que permitan, por un lado, mantener controlados los desplazamientos, y por otro, permitir el funcionamiento de las actividades económicas, cumpliendo con los protocolos sanitarios respectivos.
El Gobierno, y en particular el Ministerio de Salud, debe entender que estas decisiones deben ser tomadas con una mirada integral, y no solo epidemiológica. Debe estar presente la sensibilidad política y la realidad social de cada territorio en lo que a estas alturas parece más un algoritmo que una política pública.
