Estados Unidos inculpó el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro por “narcoterrorismo”, y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto, en una escalada en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por sacar del poder a quien considera un dictador.
Además de Maduro, el Departamento de Justicia develó cargos contra el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello; el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones.
También acusó a dos líderes de la extinta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, jefe negociador de los rebeldes en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo de paz de 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seuxis Paucis Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana y exalto mando guerrillero.
Los cargos por participar en una “conspiración narcoterrorista” conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por datos que lleven a la captura de Maduro, cuya autoridad Washington desconoce, y por hasta 10 millones por información que permita detener a Cabello, El Aissami, Carvajal, y Alcalá Cordones.
Maduro es acusado de “haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína”, declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia.
Barr acusó a Maduro y a su entorno de conspirar “durante más de 20 años” con las FARC para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Dijo que entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas al amparo del gobierno venezolano.
“El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano”, dijo Barr en un comunicado.
“Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales”, añadió.
