Desde que se anunciara la idea de una campaña de educación cívica, como parte inicial del proceso constituyente, han sido muchas las voces críticas que han llamado la atención sobre un posible adoctrinamiento.
Ciertamente, la educación cívica no es en sí misma democrática. No en vano, han sido muchos los regímenes que han hecho enormes esfuerzos por educar a sus ciudadanos en las normas que regían su sistema político y social, fuera este cual fuera, o por convencer sobre la necesidad de un cambio.
No obstante, la que sí es característica propia de una democracia es que sus normas no sean inamovibles (tampoco la Constitución) y, sobre todo, que la movilidad de estas no dependa de una persona, ni de un grupo de personas, ni siquiera de una mayoría política, sino del libre y negociado acuerdo de una sociedad y sus representantes. Y para eso sí es necesaria la educación de una ciudadanía responsable y activa.
El problema es que las evidencias son poco alentadoras, tanto por la alta abstención en los procesos electorales, como por la insuficiente preparación cívica de nuestra población. Esta se manifiesta en carencias de información y en errores de criterio que, a menudo, la incapacitan para ejercer con idoneidad las funciones de la ciudadanía. Esto se aprecia en cuestiones básicas, como en las que conciernen al papel de los tres poderes del Estado, la forma en que se constituye el Congreso o en lo que respecta a los derechos humanos.
Ese vacío en la educación del ciudadano significa una declinación inquietante respecto a épocas anteriores donde el sistema escolar era un constructor de la sociedad democrática. Desde luego, una misión tan elevada excedía el desarrollo de una materia. Era el colegio, en su conjunto, el que quedaba comprometido, por una parte, a proveer los conceptos centrales y a promover los comportamientos que distinguen el accionar del ciudadano y, por otra, a demostrar en la actividad cotidiana el respeto por las personas y las reglas morales.
A la Educación Cívica se le asignó una tarea específica: hacer conocer la Constitución Nacional, sus antecedentes y sus normas fundamentales, entre las cuales se encuentran los derechos y deberes del ciudadano. Lamentablemente, las alternativas políticas del país repercutieron para que se produjera un deslizamiento del sentido de la materia, que se convirtió en un instrumento de captación ideológico-partidista. Los cambios de denominación, de contenidos y de objetivos se reiteraron con el Gobierno de la UP, mientras que en la dictadura militar el oscurantismo en esta materia fue total.
La experiencia didáctica indica que el aprendizaje de esta disciplina necesita apoyarse en la dimensión práctica. Niños y adolescentes deben aprender a conocer e interpretar las leyes o normas abstractas ante realidades sociales concretas.
La educación cívica que Chile necesita hoy, en este particulary complejo momento de su historia, no puede quedarse en el conocimiento de las normas y las instituciones, sino que ha de dar también las herramientas para repensar las normas, las instituciones y su buen funcionamiento. Esta educación ciudadana necesita del conocimiento, de la información, pero también de la reflexión, la autocrítica y la tolerancia.
