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Desde que se comenzó a conocer la centralidad que ocupa, en las encuestas de opinión y en los cabildos, el tema de una nueva Constitución y la Asamblea Constituyente como mecanismo conducente a ella, han sido muchas las voces críticas que han llamado la atención sobre la inconveniencia de entregar a la ciudadanía las decisiones sobre el sistema político y social que rige al país.
Lo primero que hay que aclarar es que una característica propia de la democracia es que sus normas no son inamovibles (tampoco la Constitución) y, sobre todo, que la movilidad de estas no depende de una persona, ni de un grupo de personas, ni siquiera de una mayoría política, sino del libre y negociado acuerdo de una sociedad y sus representantes.
Pero para que ello ocurra es necesario tener una ciudadanía activa y educada.
El problema es que hoy tendríamos solo una de las condiciones, una ciudadanía movilizada, no así la segunda, donde las evidencias son poco alentadoras por la insuficiente preparación cívica de nuestra población.
Esta se manifiesta en carencias de información y en errores de criterio que, a menudo, la incapacitan para ejercer con idoneidad las funciones de la ciudadanía. Esto se aprecia en cuestiones básicas, como en las que conciernen al papel de los tres poderes del Estado, la forma en que se constituye el Congreso o en lo que respecta a los derechos humanos.
Ese vacío en la educación del ciudadano significa una declinación inquietante respecto a épocas anteriores donde el sistema escolar era un constructor de la sociedad democrática y a la educación cívica se le asignaba una tarea específica: hacer conocer la Constitución Nacional, sus antecedentes y sus normas fundamentales, entre las cuales se encuentran los derechos y deberes del ciudadano.
Lamentablemente, las alternativas políticas del país repercutieron para que se produjera un deslizamiento del sentido de la materia, que se convirtió en un instrumento de captación ideológico-partidista. Los cambios de denominación, de contenidos y de objetivos se reiteraron con el Gobierno de la UP y la dictadura militar y ha sido un foco permanente de tensión en los recientes 30 años de democracia.
La experiencia didáctica indica que el aprendizaje de esta disciplina necesita apoyarse en la dimensión práctica. Niños y adolescentes deben aprender a conocer e interpretar las leyes o normas abstractas ante realidades sociales concretas. Así también tienen que apreciar que, una vez sancionadas, las leyes son obligatorias para todos, porque todos son iguales ante la ley.
La educación cívica no puede quedarse en el conocimiento de las normas y las instituciones, sino que debe dar también las herramientas para repensar las normas, las instituciones y su buen funcionamiento. Esta educación ciudadana necesita del conocimiento, de la información, pero también de la reflexión, la autocrítica y la tolerancia.
