Los concejales de Chillán, a través del abogado Remberto Valdés, anunciaron que están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra quienes resulten responsables en la investigación que lleva la Fiscalía Local de Chillán ante eventuales ilícitos en las contrataciones municipales de la empresa Sotrafer, para la distribución de agua potable a sectores rurales.
Esto, luego que el Ministerio Público haya anunciado una formalización en contra de Ricardo Vallejos, exadministrador municipal de Chillán y preso preventivo en la causa de corrupción que lleva la Fiscalía Regional, conocida como “Caso Led” a nivel nacional, esta vez por su presunta participación en esa contratación de servicios una empresa de un familiar directo, su sobrino, Fernando Vallejos Guíñez.
En conferencia de prensa, Valdés anunció que los ediles solicitaron una sesión extraordinaria en la que se le pedirá al alcalde Sergio Zarzar que se haga parte de la querella.
“En segundo lugar, que se oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por estar comprometidos intereses fiscales”. También que “se oficie al señor contralor general de la República, a fin de que disponga a todo aquel proceso que se encuentre en entredicho y tome las medidas administrativas correspondientes”, y como cuarta solicitud “que el señor alcalde disponga inmediatamente un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos comprometidos”, explicitó el abogado.
El querellante dice que “los concejales, tratándose de todos los hechos en los que puedan existir irregularidades, han hecho presentaciones al Contralor General de la República. Hoy está en proceso las tareas investigativas por las canchas sintéticas, el caso de las luces led y el de los camiones aljibe”, sin embargo, acusa que el contralor “le ha faltado gentileza con el órgano fiscalizador de la Municipalidad de Chillán”, puesto que asegura que no los ha recibido ni aceptado reuniones por videoconferencias.
Consultada la alcaldía respecto a estos hechos, a través de la unidad de comunicaciones se explicó que “esas materias estaban contempladas en el sumario que originalmente estaba desarrollando el fiscal Ignacio Marín, el mismo respecto al cual luego, a solicitud de la Contraloría, se entregaron los antecedentes para que continuase la investigación”.
Sobre esta reunión extraordinaria, se fijó para el día de hoy a las 10.00 horas.
Allanamientos por aljibes
Pese a que el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de Ricardo Vallejos, dijo la semana pasada a La Discusión que a su juicio esta formalización era una estratagema “de última hora” para poder mantenerlo en prisión preventiva, lo cierto es que ya el día 13 de julio, la Fiscalía Local de Chillán pidió las primeras autorizaciones judiciales para proceder a allanar e incautar algunas oficinas y talleres de la empresa en cuestión.
Luego que el jefe de taller de la empresa Sotrafer SPA (que a partir de enero del 2019 cambió el nombre a Los Almendros SPA) se negara al registro voluntario por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Chillán, se procedió al allanamiento de las oficinas en calle 5 de Abril 336; los talleres de la empresa ubicada en el kilómetro 8 del camino a Boyén e incluso a la casa de una de las secretarias, en la población Arturo Prat.
Desde allí se incautaron contratos, actas de sesión de directorio, documentos contables, además de licitaciones adjudicas y en proceso.
La Fiscalía estableció que los socios de la empresa Los Almendros SPA eran Fernando Vallejos Palacios (actual juez de policía local de Pemuco), Ricardo Vallejos Palacios, Eduardo Vallejos Guíñez y Fernando Vallejos Guíñez.
La formalización de Vallejos en esta causa se realizará el próximo 13 de octubre.
