En un trabajo conjunto entre la Fiscalía Oriente, de la Región Metropolitana y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Santiago, se logró la detención de tres cabos del Ejercito y la de un civil, luego de establecer una entrega vigilada de drogas a realizarse este fin de semana en la ciudad de Puerto Aysén.
Conforme a los datos entregados en la posterior audiencia de formalización, que se celebró en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por parte de la fiscal María Inés Núñez, los imputados de 20, 24, 25 y 32 años fueron detenidos por la PDI en momentos en que retiraban una encomienda desde una sucursal de Chilexpress, en esa comuna.
A la revisión del paquete, que fue retirado formalmente por el imputado civil, identificado como Diógenes Mendoza Briones, se encontraron 11 kilos de marihuana, y tras realizar la revisión de la ruta de la encomienda se descubrió que esta se había enviado desde una de las sucursales de Chilexpress de la ciudad de Chillán, por lo que las indagatorias podrían contar con una línea investigativa dirigida a la capital regional de Ñuble.
Otro detalle al respecto, entregado por la Fiscalía, es que “la caja de cartón con 10 paquetes envueltos en papel alusa y aluminio, enviada desde Chillán, fue detectada en el aeropuerto por la empresa de transporte en su controles rutinarios y se dio aviso a la PDI”.
Este pesquisaje realizado por la empresa de transporte aéreo fue la clave para que el Ministerio Publico y la PDI coordinaran la vigilancia de la recepción de la encomienda.
Diversas cautelares
Los planes de la fiscal Núñez consideraban que el Juzgado acogiera la solicitud de prisión preventiva para los cuatro imputados, considerando especialmente la cantidad de droga incautada.
La jueza, Dalia Illesca, accedió a la cautelar solamente en el caso del civil, a quien se le atribuye el haber retirado el encargo que, de hecho, iba a su nombre.
Respecto a los militares, todos con el rango de cabo, la magistrado acogió los argumentos de sus defensores, quienes en especial apuntaron a que todos ellos contaban con irreprochable conducta anterior y que el decretar un arresto al interior de un recinto militar otorgaba, de todas maneras, las garantías del proceso investigativo que se iniciaron con la formalización.
De esta manera, los tres uniformados fueron recluidos en dependencias del Regimiento 8 de Chiloé, destacamento del que los tres funcionarios eran parte activa hasta el momento, aunque ya se estudia el darlos de baja.
