Share This Article
Los diputados UDI por Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, respaldaron la aprobación del proyecto que perfecciona el actual procedimiento de expulsiones administrativas que rige en Chile, atendida la grave crisis migratoria por la que atraviesa el país a raíz del masivo ingreso de extranjeros irregulares durante el último tiempo, lo que ha derivado en un incremento de la crisis de seguridad.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas explicaron que la iniciativa -que ahora avanzó al Senado- mejora la ejecución de dichas expulsiones, facultando al subsecretario del Interior para que pueda decretarlas no sólo por razones de seguridad interior o exterior, sino que también de orden público.
Lo anterior, precisaron, implicará que el subsecretario en cuestión podrá ordenar a la Policía de Investigaciones (PDI) para ingresar al domicilio de una persona -todo ello autorizado por la Corte de Apelaciones respectiva- que tenga una orden de expulsión vigente, a objeto de poder aprehenderla.
“En medio de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, la que en buena parte se ha visto recrudecida ante el masivo ingreso irregular de extranjeros que han venido sólo con el ánimo de delinquir, es muy relevante que hayamos aprobado un proyecto que incorpora el orden público como una causal de expulsión. Porque no sólo se ampliará el catálogo de argumentos para poder decretar dicha medida, sino que también porque permitirá agilizar las expulsiones administrativas, las que todos sabemos son muy burocráticas y cuesta que se ejecuten”, señalaron los legisladores.
En esa línea, otra de las normas que se aprobó fue un robustecimiento del registro de datos biométricos de los extranjeros que se encuentren en una situación migratoria irregular, obligando a que en el control de ingreso o registro se les tome dicha información a todos los mayores de 18 años.
Asimismo, Bravo y Martínez resaltaron que se haya fortalecido el principio de que todas las expulsiones permanecerán vigentes desde el momento que es decretada hasta que se haga efectiva, como también que se extienda a cinco años el mínimo para prohibir el ingreso de alguien deportado.
De todas maneras, respecto de esto último, los parlamentarios por Ñuble destacaron que cuando la expulsión sea dictada por el subsecretario del Interior, la prohibición de ingreso podría extenderse incluso por diez años. Y por último, valoró que los tribunales puedan evaluar un sobreseimiento temporal de una investigación cuando el Gobierno lo solicite para ejecutar la medida de inmediato.
“No sólo es relevante que se pueda aumentar el plazo de prohibición de ingreso de un extranjero que es expulsado, sino que también que las autoridades de turno puedan solicitar el sobreseimiento de un caso para concretar la expulsión inmediata de un imputado, porque esto permitirá deportar a migrantes que han cometido simples delitos, como robos, hurtos o microtráfico, considerando el elevado costo que significa mantener a un reo en el país”, indicaron Marta Bravo y Cristóbal Martínez.
