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Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, criticaron al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric por recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para oponerse a una serie de propuestas que fueron aprobadas recientemente por el Congreso.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas hicieron referencia a un total de once indicaciones que se incluyeron en la Ley de Presupuestos 2025, las que apuntan a áreas como educación y seguridad.
Una de las propuestas que el Ejecutivo decidió impugnar establece que cualquier proceso de regularización extraordinario de extranjeros en situación irregular en el país deberá ser aprobado de manera previa por el Congreso, lo que coincide con el “perdonazo” masivo que prepara el Gobierno para más de 180 mil migrantes que durante el año pasado decidieron empadronarse.
“No sólo es inaceptable que el Ejecutivo y el Presidente Boric pretendan torcer la voluntad del Congreso, sino que también es impresentable que se opongan a que cualquier proceso de regularización extraordinario tenga que ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, tal como corresponde. Con esto, están dejando en evidencia que van a impulsar un ‘perdonazo’ masivo por la vía administrativa y no legal, sin ni siquiera importarles todos los efectos negativos que conlleva para nuestro país la regularización de más de 180 mil extranjeros que ingresaron por pasos clandestinos”, cuestionaron los parlamentarios UDI, quienes por lo mismo recordaron que como bancada también recurrieron al TC para solicitar que el requerimiento del Gobierno sea rechazado.
Sin embargo, la anterior no fue la única indicación a la que el Ejecutivo se opuso. En su presentación, también decidieron objetar la propuesta conocida como “Aula Segura 2.0”, que prohíbe a los alumnos expulsados por actos violentos poder acceder a beneficios como la gratuidad universitaria.
La anterior norma, que fue presentada por los diputados Bravo y Martínez, tiene como objetivo acabar con la violencia escolar al interior de los establecimientos del país, considerando los graves hechos que han ocurrido en el último tiempo y que han terminado dañando a la educación pública.
Por lo mismo, los representantes de Ñuble cuestionaron al Gobierno por oponerse a la indicación, señalando que “una de las medidas más urgentes que debemos adoptar es prohibir que los alumnos expulsados por la Ley Aula Segura puedan acceder a la gratuidad en la educación superior, porque de lo contrario van a seguir cometiendo este tipo de hechos y atentando contra otros estudiantes”.
Por lo último, ambos parlamentarios lamentaron que el Ejecutivo también se opusiera a la norma que exime del pago de contribuciones de bienes raíces a todos los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), asegurando que “las actuales autoridades ni siquiera fueron capaces de presentar una alternativa ante esta grave situación, que incluso ha obligado a muchos adultos mayores a tener que vender sus hogares de toda la vida al no poder costear este injusto impuesto”.
