A las 10.00 horas de hoy la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, encabezada por la diputada socialista Maya Fernández, comenzará a evaluar el fondo del texto impulsado por la oposición.
Durante la mañana expondrán abogados medioambientalistas ligados al caso inicial Dominga, y para la tarde está convocado el fiscal nacional, Jorge Abbott, así como directores y periodistas de Ciper y LaBot, medios que destaparon el eventual conflicto de interés del Mandatario por la compraventa del proyecto minero en 2010 a su amigo Carlos Alberto Délano.
También estará presente en la sesión la defensa de Piñera, pero no tiene voz ni voto, a la espera de que el Jefe de Gobierno entregue sus descargos la próxima semana.
En la antesala al trabajo de la comisión, el diputado independiente Tomás Hirsch aseguró que este libelo “marca un hito en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, en terminar en Chile de una vez por todas con casos de soborno a los niveles más altos de la autoridad del país”.
Por otra parte, destacó que este fin de semana se revelara que también en su primer mandato, la familia Piñera estuvo involucrada en la compra de otro proyecto minero llamado Imán cuyo dueño, luego del traspaso, fue nombrado en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami).
“Que justo al comenzar a trabajar la comisión nos hayamos enterado de que el Presidente además está involucrado en otro negocio minero muestra claramente que teníamos razón al presentar esta acusación constitucional”, aseveró el ex humanista.
El RN Jorge Durán, uno de los oficialistas que se han mostrado abiertos a aprobar la acusación, planteó que “más que el Presidente diga si las acusaciones están prescritas o no, si son legales o no, me gustaría que Piñera colabore con las investigaciones que se abran. Eso sería un buen paso en su intento por mostrar la inocencia que dice tener”.
En cuanto a la investigación penal contra el Mandatario, abierta hace más de una semana por orden de Jorge Abbott, el ex fiscal Carlos Gajardo indicó que el también ex persecutor Manuel Guerra reconoció que lo indagado en 2017 “solo se refirió a lo ocurrido con la pesquera Exalmar y a la arista Dominga-Barrancones”.
Es decir, que no se incorporó “la arista que tiene que ver con un posible cohecho por la existencia de esta tercera cláusula, que asegura el pago de 9,9 millones de dólares por hechos que dependen finalmente del propio Ejecutivo”.
“Es por lo tanto relevante que la investigación que realice el Ministerio Público ahora sí sea una investigación exhaustiva y que investigue en profundidad estos hechos”, apuntó el abogado.
