Un grupo transversal de parlamentarios de oposición, liderado por las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, ingresó hoy lunes la acusación Constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por infracciones a la Ley General de Educación; incumplimiento a la Constitución vigente, vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”; y la inacción frente a la crisis educativa, entre otros argumentos.
El texto cuenta con un total de siete capítulos, referidos al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la no aplicación de la ley de educación pública y el incumplimiento del rol de supervigilancia del secretario de Estado. Asimismo, incluye una infracción relativa a irregularidades detectadas en los programas de Alimentación Escolar y de Alimentación Parvularia de la Junaeb.
Al respecto, la legisladora por Ñuble y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, afirmó que “él (el ministro Ávila) tenía la responsabilidad de cumplir como ministro de Estado, porque todas estas infracciones que están incorporadas en este texto de acusación Constitucional no es algo que ocurre cuando asumió, sino más bien son antecedentes que se venían advirtiendo de la crisis y de la grave situación en la que hoy día nos encontramos, y que con esta administración ha ido en decadencia. Por eso es que creo que los argumentos son contundentes”, dijo.
Desde RN, el jefe de bancada y diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, sostuvo que su partido no solamente comparte la presentación de esta acusación, sino que también participó en la redacción de cuatro de los siete capítulos.
“Creemos que hay argumentos suficientes para acusar Constitucionalmente al ministro, no solamente por la acusación de falta a la probidad, sino que también por el mal manejo que ha tenido el ministerio. Hemos conocido los resultados de la prueba Simce, los problemas que tiene el sistema de admisión, los problemas que hoy día presentan los liceos Bicentenario, el negarse a aplicar la ley que hoy día impide los desórdenes dentro de los colegios, y una serie de otras situaciones que nosotros creemos, son méritos suficientes para acusarlo. Yo creo que la argumentación es muy contundente, y va a ser muy difícil que el ministro se salve de esta acusación, porque por lo menos en la Cámara de Diputados hay un ánimo negativo respecto de su persona, también profundizado por esta campaña de sexualización de los menores de edad, que le quita el derecho preferente a los padres de poder formarlos”, manifestó.
En tanto, la diputada Marta Bravo (UDI) aseveró que su partido también suscribió la acusación.
“Creemos que en poco más de un año ha demostrado una gestión deficiente. No se ha preocupado de los más de 50 mil estudiantes que han desertado, ni de recuperar la educación pública para los chilenos. Una prueba de todo esto son los resultados del Simce que conocimos la semana pasada, y que tienen directa relación con la oposición a que se reabrieran los colegios durante la pandemia. Lamentablemente el actual ministro ha priorizado otros temas que no contribuyen a mejorar la educación de los niños, saltándose el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos”, sostuvo.
“Me preocupa el ‘cómo’”
Desde la oposición, el diputado ind.-DC, Felipe Camaño, expresó que “los diputados y diputadas tenemos la facultad de ejercer un rol fiscalizador y debemos hacerlo valer frente a eventuales irregularidades. Ojalá que el ejercicio de esta acusación pudiera despejar las dudas frente a los siete capítulos que la sustentan y que denotan una profunda crisis en la educación, y que los recientes resultados del Simce dejaron al descubierto. Sin embargo, me preocupa el cómo ocupamos esta herramienta. Es importante no perder el foco, y lo que se expone habrá que evaluarlo en su mérito. Claramente hay situaciones que se arrastran desde otras administraciones, y en eso debemos ser justos”, afirmó.
Añadió que “hoy, frente a las diversas necesidades que aquejan a las personas, es necesario avanzar con prontitud en diferentes materias, considerando los largos tiempos de tramitación que requiere un proyecto para convertirse en ley. La educación es una materia urgente, por lo tanto, se debe resolver y avanzar en la dirección correcta”, puntualizó.
En tanto, desde el Colegio de Profesores de Ñuble, su presidente, Manuel Chávez, sostuvo que el gremio no comparte los argumentos con los cuales se hace esta acusación Constitucional en contra del ministro de Educación.
“Los temas estructurales de la educación tienen una larga data y parten con el proceso de municipalización hace ya más de cuarenta años, en que el Estado abandonó su responsabilidad principal del sistema educativo al transformarlo en una mercancía, y permitiendo que el mercado hiciera nuevos negocios con la educación privada y subvencionada. Por lo tanto, el esfuerzo por mejorar el sistema educativo para que éste cumpla su rol ha sido sostenido en el tiempo, pero insuficiente. Y no tiene en eso responsabilidad el actual ministro de Educación”, sostuvo.
Enfatizó que “no compartimos esta acusación, y hacemos un llamado a la diputada Sara Concha a que se acerque al Colegio de Profesores para conversar éste y otros temas, como por ejemplo, el porqué ella rechazó la reforma tributaria de la cual se iban a obtener recursos para reparar la deuda histórica. Quisiéramos conocer también su postura sobre cómo mejorar la educación pública que hoy día está a cargo de las municipalidades, y en el futuro, de los Servicios Locales de Educación Pública”, aseveró.
