El asesinato del sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, durante un procedimiento policial en la comuna de San Antonio, junto con las reflexiones en torno al orden público a tres años del estallido social; han servido de incentivo para que parlamentarios por Ñuble presenten iniciativas tendientes a favorecer a la policía uniformada.
Así, el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, presentó la semana pasada un proyecto de ley que busca facultar a los funcionarios de Carabineros para que puedan utilizar su arma de servicio en caso que los agredan físicamente, o atenten contra su vida. Esto, dijo, “considerando que a la fecha casi 950 efectivos policiales han sido atacados en lo que va de año, y ya van tres carabineros asesinados, entre ellos, Breant Rivas Manríquez, de 23 años, quien recibió una serie de disparos mientras participaba en un procedimiento policial en la comuna de Chillán Viejo”.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]El parlamentario gremialista explicó que el último homicidio ocurrido en San Antonio motivó la presentación de dicho proyecto, que busca reemplazar el concepto de “proporcionalidad”, por el de “racionalidad” en el uso de la fuerza, permitiendo así que los funcionarios policiales puedan utilizar sus armas cuando esté en riesgo su vida o integridad física.
“Hemos decidido presentar este proyecto porque no podemos seguir tolerando que en nuestro país se ataque a Carabineros, se los asesine y se los deje en la absoluta indefensión. Lamentablemente, durante los últimos años se ha ido perdiendo el respeto por la institución, a tal punto que ni siquiera los funcionarios policiales se atreven a usar sus armas de servicio cuando son atacados, porque saben que probablemente los darán de baja y serán sometidos al escrutinio público, sin el derecho a poder defenderse”, cuestionó Martínez.
Sin embargo, el estudio “Monitor del uso de Fuerza letal”, del instituto de Asuntos públicos de la Universidad de Chile y consignado por el medio Interferencia, evidencia que la policía no se inhibe de percutar armas de fuego causando la muerte de civiles cuando peligra su vida o la de terceros.
Solo en 2018, antes del estallido social, fueron abatidas 18 personas en procedimientos policiales, principalmente por delito flagrante. En el año 2019 la cifra aumentó a 21. Uno de los casos más bullados fue el procedimiento contra un malabarista en Panguipulli, muerto por los disparos de un carabinero, quien finalmente resultó absuelto de cargos.
Categoría de “mártir”
También en el marco de la muerte del sargento Retamal, el diputado ind.-DC, Felipe Camaño, presentó un proyecto de ley que crea el estatus jurídico de “mártir” de Carabineros.
El parlamentario argumentó que “cada familia de un mártir de Carabineros recibe una pensión diferente dependiendo del grado que tenía al momento de fallecer. Es por esta razón que es de toda justicia reconocer a carabineros fallecidos en acto servicio. La idea es que la institución destine a la familia del mártir una pensión equitativa, ya que perder la vida no tiene grados”, aseveró.
Agregó que “cuando un carabinero es asesinado, no solo significa una gran pérdida para la institución, sino que también es una gran pérdida para la familia, ya que quien muere es una persona, un padre, un hijo, un hermano”.
En tanto, el diputado de la UDI, Álvaro Carter, presentó ayer otro proyecto de ley para que oficiales de Carabineros puedan portar subametralladoras. La medida considera que Carabineros pueda portar un arma de servicio tipo pistola, de 15 balas, junto con un cartucho de repuesto; y un bastón eléctrico, de acuerdo a los estándares establecidos en la ley.
Por su parte, los oficiales “deberán portar siempre como arma de servicio una ametralladora, subametralladora, metralleta o cualquier arma automática o semiautomática”, propone la iniciativa.
[/bg_collapse]
