Share This Article
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, desde la perspectiva formal, la admisibilidad de la acusación Constitucional presentada en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Al inicio de la sesión, la defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle, apeló a la denominada “cuestión previa”. Ella reclama la procedencia formal del libelo acusatorio, por no cumplir los requerimientos establecidos por la Constitución para su presentación.
Luego de exponer la defensa su postura en dicha línea, fue el turno de los cinco integrantes de la comisión que analizó la acusación.
Finalmente, tras sus discursos, se sometió a votación la cuestión previa, la cual fue acogida por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención. Con esto, se entiende por rechazado el libelo acusatorio desde la perspectiva formal.
Debido a lo anterior, la acusación contra Carlos Montes concluyó su tramitación y, formalmente, se entiende por no presentada.
“Estoy tranquilo porque aquí se probó que la acusación constitucional no tenía ni fundamentos técnicos ni políticos, eso quedó claro, y los argumentos los dio nuestra defensa, y ahora lo relevante, es una mirada política más de contenido e ir más allá, más que estar en este conflicto inmediato”, sostuvo el ministro Montes a la salida de la sesión.
Argumentos de la defensa
El abogado defensor remarcó las cualidades de servidor público ejemplar del ministro Carlos Montes. Asimismo, destacó que no ha desistido, en ningún momento, de cumplir con sus funciones ministeriales. En este contexto, por ejemplo, mencionó que su cartera presenta un 99% de ejecución presupuestaria.
Y, particularmente sobre el caso convenios, dijo que ya una docena de funcionarios involucrados fueron desvinculados, y que a ellos se sumarán otros de detectarse su participación en hechos que falten a la probidad administrativa.
Acusó, además, desprolijidad y falta de argumentos sólidos y apegados a los requerimientos legales y constitucionales.
“Se encuentran toda clase de errores de forma y fondo”, recalcó, agregando que ello contradice la doctrina constitucional y la jurisprudencia que la Cámara ha sentado en esta materia.
“Lamento que el argumento se enfocara en la forma”
La diputada por Ñuble y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, se refirió a la acusación de la defensa del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, de errores formales y de fundamentación en la acusación Constitucional presentada por la oposición en contra del secretario de Estado.
“Lamento que el argumento de la defensa esté enfocado en la forma y no en el fondo de un tema tan grave como el que estamos tratando hoy, un tema de responsabilidades políticas que el ministro no ha asumido”.
Sobre los errores apuntados por la defensa del ministro, estos se encuentran en un capítulo elaborado por la bancada republicana en que aparece un conjunto de artículos del Código Penal, que no tienen relación con el caso del ministro. Por ejemplo, uno de ellos hace referencia a crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado, a lo que la parlamentaria recordó que “nosotros presentamos una filtración del texto que ya teníamos listo, se incorporaron más elementos por parte del Partido Republicano, y lamento que en la rapidez se cometieran estos errores de redacción, y que finalmente fueran una excusa para que la defensa se enfocara en esto y no en el problema que enfrenta la acusación. Lamento que esto repercuta en lo que fue el resultado de la votación en sí”, manifestó.
El jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que su partido “había comprometido sus votos para aprobar la acusación Constitucional en contra del Ministro Montes. Nadie dice que Carlos Montes tiene relación directa con los hechos delictivos que se investigan, como el robo de estos dineros a través de las fundaciones, sino que nosotros decimos que tiene una responsabilidad política y administrativa, que es la acusación que se le hizo. Ahora, el gobierno tuvo los votos para impedir que sea acusado constitucionalmente, pero cualquiera con un mínimo de criterio y conocimiento de los hechos puede darse cuenta de la responsabilidad que él tuvo”, aseveró.
Desde la UDI, el diputado, Cristóbal Martínez, mencionó respecto de la votación que “éstas son las decisiones que la ciudadanía no logra entender, y por las cuales toda la clase política se ve perjudicada. Son miles de millones de pesos los que se han defraudado, y aún así, el gobierno no ha ejercido las responsabilidades políticas que corresponden”, dijo.
La también diputada de la UDI, Marta Bravo, rechazó igualmente la cuestión previa.
“Las acusaciones deben tener sustento”
El único diputado de la región que no estuvo de acuerdo con acusar Constitucionalmente al ministro Carlos Montes fue Felipe Camaño (ind.-DC).
“Cuando se presente una acusación Constitucional con sustentos técnicos y argumentos jurídicos, no dudaré ni un segundo en apoyarla, pero siento que la que hoy se discutió en la Cámara no cumplía ninguno de sus objetivos. La acusación contra el ministro Montes era débil técnicamente, y las acusaciones Constitucionales deben tener sustento técnico, por eso la rechacé, incluso, se detectaron partes copiadas de otras acusaciones, y eso le quita seriedad”, afirmó.
