El corte de suministro eléctrico que el martes afectó al 98% del país y que generó que se decretara estado de catástrofe y toque de queda en catorce regiones del país; sin duda trajo coletazos a nivel político.
Es que nuevamente surgieron preguntas respecto de cómo efectúan su labor las empresas que transmiten la energía, y también, de cómo puede mantenerse informada a la población ante la caída masiva de electricidad e Internet.
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado ind.-DC, Felipe Camaño, quien en su rol de presidente de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, anunció que oficiará a Senapred debido a la no utilización de la alerta SAE.
“El martes vimos cómo más de 14 regiones del país quedaron sin energía eléctrica, donde fallaron las telecomunicaciones, y en donde se decretó toque de queda y estado de catástrofe, y muchas personas ni siquiera podían saber qué estaba pasando. Es importante que la tecnología ante desastres y la alerta SAE, esté disponible ante emergencias de este tipo, y no sean solo un adorno, aquí el Senapred pudo haber actuado de mejor forma”, expresó.
El legislador anunció que oficiará a la Subsecretaría de Telecomunicaciones debido a los cortes de señal telefónica y de Internet reportados en todo el país.
“Es importante que la Subtel fiscalice a las empresas de telecomunicaciones debido a los cortes de señal reportados en todo Chile, y se evalúen las sanciones correspondientes a estas empresas. En mi rol de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, oficiaré al ministerio para que nos informe sobre los protocolos que siguieron las empresas y la pertinencia de las multas y/o compensaciones a los clientes afectados”, precisó.
En tanto, para el diputado de RN, Frank Sauerbaum, “es fácil entregarle la responsabilidad nuevamente a las empresas, pero cuando uno analiza qué es lo que está pasando en el mercado eléctrico, se da cuenta que el gobierno ha tenido una especial animosidad con este tipo de proyectos, y tiene decenas de proyectos detenidos, tanto en generación como en transmisión eléctrica. Nosotros lo vivimos un tiempo atrás cuando se rechazó, a pesar de contar con todos los requisitos, el proyecto de transmisión eléctrica para el Embalse Punilla. Esa línea eléctrica está rechazada. Y así le ha pasado a cientos de proyectos que esperan 4, 5, 6 años para que el gobierno les dé un visto bueno”, manifestó.
Agregó que “la ministra de Medio Ambiente se transformó en una activista medioambiental, no conoce su deber final, que es promover la inversión con responsabilidad medioambiental, sino que para ella lo más simple es decirle a los empresarios que no. Esa consecuencia hoy día la pagan los chilenos. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. El Estado tiene que ser un facilitador de la inversión para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, para que tengamos mejor acceso a los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas y otros. Pero no puede ser un contrario a estas inversiones, porque finalmente los que pagan las consecuencias siempre son los chilenos”, sostuvo.
Resaltó, además, que es importante que al proyecto de permisología que está en el Senado se le dé urgencia, “y eso avance justamente con la modificación al sistema de evaluación ambiental que está también propuesto y que está detenida en el Senado”, mencionó.
Respuesta a electrodependientes
Desde la UDI, la diputada Marta Bravo hizo hincapié en que “es imperdonable que fallezcan pacientes electrodependientes. Este corte masivo muestra la vulnerabilidad que tenemos todavía, y que no hemos aprendido de tantas situaciones y sin poder entregar información y acciones oportunas y adecuadas para dar certezas y seguridad a la población. Debe existir, sí o sí, una mayor exigencia y una compensación a la altura del costo involucrado para los habitantes”, aseveró.
Cristóbal Martínez, en tanto, afirmó que “el Gobierno tiene la obligación de proponer un plan que permita robustecer el sistema eléctrico y evitar que por una falla en una determinada línea de transmisión se produzca un apagón en prácticamente todo el país. Por eso, vamos a citar a las autoridades respectivas al Congreso, para que también respondan por qué un sistema tan fundamental, como es el SAE, no operó en esta oportunidad”, manifestó.
La diputada del PSC, Sara Concha, destacó que el corte “no solamente provocó dificultades en la ciudadanía como las que vimos, sino que también un caos colectivo por no tener mayor información de lo que acá estaba pasando. Por lo tanto, sin duda se debiera incorporar una alerta SAE en casos de corte masivo de energía para entregar un grado de tranquilidad a la ciudadanía; y por otro lado, creo que es importante que se pueda regular la eficacia y la rapidez de respuesta a aquellos pacientes que son electrodependientes”, expresó.
Añadió que “es importante avanzar en políticas que permitan estar más preparados para situaciones como ésta. Hoy gran parte de las personas dependen de la electricidad y de la tecnología para poder desenvolverse, desarrollarse en distintos aspectos del día a día, por lo tanto, nosotros como país tenemos que estar más preparados para una emergencia de este tipo. Tenemos que avanzar, y las empresas eléctricas también tienen que responder con mayor eficacia”, sentenció.
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