Cuatro sesiones se tomará la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para tramitar el proyecto de impuesto a los “súper ricos”, ya que la instancia escuchará a representantes del gobierno y a expertos para definir el quórum (2/3 ó 3/5), antes de votar en general la iniciativa.
La reforma constitucional presentada por un grupo transversal de parlamentarios de oposición, establece un impuesto transitorio, aplicable por única vez, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país (con patrimonio superior a los 22 millones de dólares), para dotar de mayores recursos al Estado, y así enfrentar la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de Covid-19. El objetivo específico es que el Estado recaude ingresos para una renta básica de emergencia.
Abiertos a discutir
“Sin duda éste es un proyecto que hay que estudiar en su mérito. Sin perjuicio de ello, creo que debe haber una reforma tributaria que establezca un impuesto de manera permanente a los súper ricos, con la finalidad que esto tenga un destino, y que se haga a razón de mejorar las pensiones”, sostuvo la diputada del PPD, Loreto Carvajal.
Su par independiente, Carlos Abel Jarpa, manifestó que “es preciso aclarar que este impuesto sería por una única vez, y surge a raíz del contexto actual de la pandemia, por lo cual, su finalidad es enfrentar la situación sanitaria y económica del país”.
Recalcó que “hay que conocer las diversas opiniones de los abogados constitucionalistas, con el fin de dilucidar su admisibilidad; y es necesario, para superar las consecuencias de esta pandemia, un acuerdo social, político y económico. La actual crisis ha dejado en evidencia la necesidad de tener un Estado robusto y fuerte, y para ello, se requiere de una buena gestión, y es ahí donde se hace indispensable tener recursos. Por lo tanto, es fundamental consensuar la obtención de estos (tributación y crecimiento económico) con la gestión estatal, la cual debe imperiosamente contar con una planificación y programación que deben evaluarse periódicamente. En definitiva: tanto mercado como posible, tanto Estado como necesario”, aseveró.
Según el diputado DC, Jorge Sabag, “por reglamento general, los impuestos son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto, este proyecto va a requerir un debate muy profundo desde el punto de vista constitucional”, advirtió.
Sin embargo, dijo, “no podemos cerrarnos a estudiar todas las alternativas para financiar el gasto social que se ha incrementado por esta pandemia, privilegiando mecanismos que no afecten la inversión necesaria para la reactivación económica. Creemos que se puede discutir la alternativa, siempre que sea por única vez. Estamos abiertos a analizar alternativas que pueden ser permanentes, y que generen una mayor recaudación y menores efectos adversos, y para ello hemos planteado aumentar los impuestos a las utilidades de las megaempresas, también la posibilidad de tener un impuesto a las empresas que tienen una cuota de mercado, una especie de impuesto a la concentración económica. Hay distintas alternativas que estamos dispuestos a evaluar”, dijo.
Constitucionalidad y real efecto
Desde el oficialismo, no creen que la iniciativa sea una fórmula viable para generar más recursos.
“Estos proyectos tan simbólicos y para la galería, que tienen un lindo nombre como ‘impuesto a los súper ricos’, tienen que tener un efecto real. Debemos tener un efecto real en la recaudación para financiar el gran costo que ha tenido la pandemia, y que de seguro, tendrá en el futuro”, afirmó el diputado de RN, Frank Sauerbaum, quien apuntó a la necesidad de reactivar la economía.
“Lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, generar nuevos puestos de trabajo, proteger a las pymes y que éstas sigan otorgando empleos. Lo que no puede pasar es colocar un impuesto que en vez de alentar el empleo, en vez de generar nuevas oportunidades, finalmente termine frenando la economía”, aseveró, recalcando que “este tipo de impuestos, a nivel internacional han demostrado que no tienen gran efecto práctico, recaudan muy poco, y lo único que hacen es incomodar a los inversionistas, que han preferido sacar sus recursos del país”.
Gustavo Sanhueza (UDI), en tanto, dijo estar siempre disponible “para analizar propuestas serias y acercar posiciones por el bien del país, pero a veces hay medidas que entregan soluciones bastante simples a problemas complejos, o que solo ofrecen un titular, sin un contenido definido. En ese sentido, esta moción parlamentaria presentada por el Partido Comunista devela importantes problemas de forma y de fondo”, sostuvo.
El legislador recordó que “el artículo 19 número 20 de la Constitución, establece el principio de reserva legal en materia tributaria, como asimismo, que los tributos que se recauden ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado (como la generación de una renta de emergencia). El proyecto del Partido Comunista ya parte con un pecado de origen, porque la iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, y porque no puede establecerse de antemano el uso de esos recursos”, advirtió.
La segunda razón para analizar cuidadosamente esta propuesta, añadió, es de índole económica.
“La experiencia comparada enseña que este tipo de tributos no supera el 1% del PIB, por efecto de la fuga de inversiones y el alto costo de administración, explicado por la dificultad en el cálculo de la base imponible y en la aplicación y fiscalización del tributo. Además, se pretende gravar el patrimonio bruto, es decir, no considera a los pasivos, lo que claramente es una desproporción si lo comparamos con la realidad de otros países”, afirmó.
Sin embargo, según Sanhueza, “hay alternativas que ya se han implementado, u otras que podemos impulsar, y sobre las cuales estoy abierto a discutir”, sentenció.
