El diputado representante de la región de Ñuble y presidente de la bancada por la defensa del Campo, Felipe Camaño, se sumó a la idea transversal que solicita al Presidente Boric, que mediante alguna iniciativa legislativa, pueda frenar hasta el 2024, la entrada en vigencia de la Ley 21.420, que reduce o elimina las exenciones tributarias a los comités de Agua Potable rural (APR).
En este sentido el congresista sostuvo que “comparto la opinión de las APRs sobre esta mala medida, que significa aumentar las tarifas en un 19%, por conceptos de captación, tratamiento, depuración y distribución del vital elemento, esta es una normativa regresiva, ya que afectará a los sectores más vulnerables del país, considerando que Ñuble es la segunda región más pobre de Chile y las más rural”.
En este sentido recalcó que “me parece de toda cordura, que en un escenario de escasez hídrica y de crisis económica, se les pueda hacer un perdonazo a estas organizaciones comunitarias, sin fines de lucro y que prestan un gran servicio a su entorno”.
A reglón seguido “haré todas las gestiones posibles para sumar esfuerzos y buscar los caminos para revertir de alguna manera esta nefasta Ley, que afectará directamente a la gente del campo, los que en pleno siglo XXI, aún no cuentan con servicios mínimos, siendo que este sector es un tremendo motor para el desarrollo de nuestro país”, aseveró.
Cabe señalar que esta normativa que viene desde el gobierno anterior, comenzará a regir desde el 1 de enero. Según la información entregada por el representante de Hacienda y dado a la falta de información oportuna respecto a la aplicación de esta Ley, el Servicio de Impuesto Internos postergará el inicio de esta medida hasta que se logre una solución.