Hace 4 años, el escándalo del llamado Caso Penta -el holding controlado por los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- no solo nos ilustró sobre prácticas ilegales para financiar campañas electorales a través de boletas truchas, facturas ideológicamente falsas, dudosos aportes a centros de estudios y un largo etcétera; sino que, además, nos mostró en forma patente y sin tapujos la estructura plutocrática del poder en Chile, donde unos pocos más acaudalados lo concentran o tienen un acceso directo o privilegiado a éste.
En medio de gran expectación, Délano y Lavín fueron detenidos y estuvieron un corto tiempo presos, pero finalmente fueron condenados, en julio de 2018, solo por delitos tributarios, dado que durante el proceso judicial se eliminaron los delitos de cohecho y soborno. Terminaron pagando una multa de 857 millones de pesos cada uno y asistiendo a unas ridículas clases de ética empresarial.
Pero la historia del caso, que en su momento fue considerado la punta del iceberg de un corrupto mecanismo de financiamiento de buena parte de la política chilena, ya que incluía evasiones millonarias de impuestos y pagos a candidatos al Congreso para que sacaran adelante iniciativas legales que les favorecían, aun no concluía. El martes un reportaje de Ciper Chile reveló que Penta fue beneficiada con la aprobación de una rebaja de más de 1.400 millones de pesos, que gastó en asesoría legal, del monto total de sus impuestos del año tributario 2018. En otras palabras, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el organismo encargado de velar por el cumplimiento del régimen tributario, aceptó que los pagos a las tres oficinas de abogados que asesoraron a Lavín y Délano fueran financiados con dinero de los impuestos.
Ciertamente, las relaciones entre la política y el dinero son tan peligrosas como antigua es la afinidad existente entre el poder y la riqueza. Hoy son las dos élites más poderosas de nuestra sociedad; la primera comanda el gobierno, la otra la economía. Una produce leyes y regula los mercados, la otra produce riquezas y la estratifica desigualmente.
Durante las últimas décadas, hemos visto cómo el mercado ha colonizado el Estado, favorecido por políticas neoliberales, lo mismo que a la política penetrando en el campo de la economía y haciendo de las virtudes públicas un negocio privado.
Políticos que recorren las oficinas corporativas solicitando prebendas, mecenazgo y apadrinamiento. Parlamentarios y funcionarios compartiendo información con privados e intercambiando oportunidades y ventajas. Familiares que acceden a cargos y parientes que usan esos cargos para devolver la mano en señal de gratitud.
El mayoritario respaldo de los chilenos y chilenas a la idea de redactar una nueva la Constitución lleva implícito una enérgico declamo de la ciudadanía a todas estas desviaciones que han devaluado nuestro régimen democrático y socavado la legitimidad de instituciones centrales de la sociedad. Pero hará falta más que una nueva Constitución para mantener separadas a la política y el dinero. Sin una enérgica autorregulación ética de políticos, funcionarios, directivos públicos y empresarios, resultará imposible reducir el número de transgresiones y mantener a raya la inconveniente aproximación entre ambas esferas.
