La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes una “tregua nacional” a los manifestantes antigubernamentales para poder superar la crisis social y política que sacude al país, indicó la agencia Efe.
Esto, además de “entablar mesas de diálogo” y volver a reiterar su llamado a la “paz y a la unidad”.
La mandataria exhortó al Ministerio Público a realizar con celeridad sus investigaciones para individualizar a los responsables de la violencia y las muertes en las protestas que piden su renuncia.
Desde diciembre, ya han cobrado la vida de más de 60 personas.
Boluarte, quien por segunda vez pidió “perdón por los fallecidos”, insistió en que su país “está viviendo una situación violenta, generada por un grupo de radicales” que, agregó, tienen una agenda política y económica propia.
“Esta (agenda) económica (está) basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”, aseguró antes de mencionar que, por eso, las protestas se han concentrado sobre todo en el sur del país.
Se refirió especialmente a Puno, una región colindante con Bolivia que, según dijo, está “tomada prácticamente toda”. Por otra parte reconoció que, en esta zona, hasta la fecha no han sido fructíferos los intentos de diálogo del Ejecutivo.
Sostuvo, además, que los manifestantes usan “herramientas artesanales que causan impacto y provocan la muerte”, como son las denominadas balas “dum-dum”, las cuales descartó que sean usadas por la Policía.
“De manera extraoficial sabemos que por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado armas letales llamadas dum-dum”, añadió.
Tras acusar abiertamente al expresidente Pedro Castillo de ser el responsable de que Perú “se vaya desangrando”, Boluarte se mostró confiada de que el Congreso aprobará el adelanto de elecciones para 2024.
Manifestaciones
Sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Lima, hasta donde se desplazaron miles de manifestantes de otras regiones del país, la presidenta volvió a defender la “inmaculada” conducta de los agentes del orden.
Tras esto criticó la existencia de narrativas en el exterior que ponen en duda su legitimidad como presidenta. Se trata de un cargo que asumió por sucesión constitucional tras el fallido autogolpe de Castillo.
