Ayer se llevó a cabo una nueva versión del Día del Patrimonio Cultural, iniciativa que reúne esfuerzos públicos y privados para permitir que la población visite gratuitamente edificios patrimoniales o cuyas dependencias por lo general no están abiertas al público. La gran cantidad de visitantes que cada año se congregan es una muestra del interés que existe por este tipo de iniciativas.
Este evento cultural viene realizándose desde 1999, y atendidas las cifras de personas que participan, cabría estudiar la posibilidad de ampliarlo para que no quede circunscrito a un solo día en el año. Hay allí un potencial interesante, pues además de constituir una loable instancia de paseos familiares o como circuitos turísticos, permite ir forjando conciencia sobre la importancia que tiene para la comunidad preservar el patrimonio arquitectónico modernista que tiene Chillán, que es el reflejo de lo que somos: una ciudad que se levantó de los escombros y la fatalidad, y tanto las empresas constructoras, el gobierno de la ciudad y cada uno de nosotros deben comprender la importancia de este tema para Chillán.
Diez años atrás probablemente era difícil hablar de patrimonio cultural en Chillán, sin que esto significara una suerte de crítica por la inexistencia de políticas locales en pro de la difusión y apoyo para la conservación de nuestra herencia material e inmaterial. Afortunadamente, aquello ha ido cambiado y aunque hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, hoy estamos mucho mejor que hace una década.
Además de iniciativas como el Día del Patrimonio, la acción del Estado puede hacer importantes contribuciones, como aumentar los fondos destinados a la conservación patrimonial o el perfeccionamiento de la actual ley sobre monumentos nacionales. Durante mucho tiempo se ha reclamado la necesidad de que el principal servicio público de custodia y tuición de la riqueza patrimonial chilena tenga competencias más incisivas, de mayor fuerza e impacto en la protección del patrimonio cultural nacional. Lamentablemente, en la anterior administración no solo no se avanzó en esta línea, sino que incluso se fragilizaron las escasas medidas de reacción que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales ante las infracciones a la normativa patrimonial. Y esto, a pesar de que especialistas y asesores de los legisladores han reconocido lo evidente: que el régimen de sanciones dispuesto en la ley actual no ha tenido un impacto significativo en la persecución de quienes afectan estos bienes de interés cultural y no generan el efecto preventivo que se requiere para la efectiva conservación y resguardo del patrimonio cultural.
Años de diagnóstico y proyectos necesitan solo el impulso final. Este gobierno tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica que Chile mantiene con su patrimonio. Modificar la Ley de Monumentos Nacionales para regionalizarla, establecer facultades fiscalizadoras y crear un sistema de compensaciones e incentivos para los particulares, son imperativos que no pueden seguir esperando.
