En su reciente visita a la Región de Ñuble, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, analizó los resultados del Registro de Deudores de Pensión Alimenticia , donde hay 112.000 inscritos a nivel nacional, y de ellos un 97% son hombres, mientras que a nivel regional, hay 2.200.
A ellos (as) se les aplican medidas por incumplimiento; como por ejemplo, la retención de la devolución de impuestos. “En la Región del Ñuble el monto es de $2.395 millones, deuda certificada ante tribunales, porque la mayoría, y es un problema que tenemos en la región y por eso vamos a hacer diálogo respecto a la ley de Responsabilidad parental donde van a asistir municipios y equipos, la mayoría de la deuda en Ñuble y el país está informal, está bajo acuerdo de palabra, por lo tanto, estos $2.395 millones están ante tribunales. La cifra debería aumentar en la medida que vamos avanzando en conocimiento de la ley”, dijo la secretaria de Estado.
Según Antonia Orellana, la cifra está dentro del promedio a nivel nacional, sin embargo, advierte que es “engañosa”, porque todavía se está avanzando en la formalización de la deuda, en la medida que haya mayor internalización de la ley.
“Porque por muchos años cobrar la pensión de alimentos era algo bien hostil y poco efectivo. Era muy difícil conseguir resultados. En cambio ahora con el registro de deudores y la implementación del pago efectivo, que son estas dos nuevas herramientas, tenemos incentivos para que se demande, porque antes demandar era la que estaba muy convencida lo hacía, pero tenía pocas expectativas de conseguir el pago. Ahora tenemos más herramientas”, destacó la ministra, quien señaló que respecto al pago efectivo están a la espera del balance del poder judicial.
Violencia
Respecto a la violencia contra la mujer, la autoridad sostiene que hoy se están presenciando casos más graves. “Lo que pasa es que durante la pandemia hubo un alza en los llamados de emergencia, pero no en las denuncias porque era difícil ir al tribunal. Lo que estamos enfrentando ahora son casos de violencia más graves, porque efectivamente no se denunciaron cuando eran casos menos graves. También un preocupante aumento en las denuncias de delitos sexuales, pero eso también gracias a la concientización porque antes esos delitos no se denunciaban. Y es por eso que el año pasado ingresamos la violencia sexual a las garantías explícitas en salud del GES”, analizó.
