La ausencia de planificación municipal para aprovechar el potencial económico de las Termas de Chillán en beneficio de los intereses de la ciudad, ha sido la mayor debilidad en los casi 70 años de explotación del complejo turístico de 10 mil hectáreas ubicado en la cordillera de Pinto, pero que pertenece a Chillán. Tal falta de visión estratégica de parte del municipio, por ejemplo, hizo que jamás, desde que es dueño del fundo (1880), inscribiera las aguas que nacen en sus tierras. Y cuando quiso regularizar tales recursos, a principios de 2015, se encontró con la tenaz oposición de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, entidad que finalmente el año pasado le ganó un juicio y la obligó a pagar una millonaria indemnización, además de establecer un canon mensual por su uso.
En los últimos años ha aumentado la atención pública sobre ese déficit de planificación, lo mismo que la presión social para que la Municipalidad de Chillán termine con esa improvisación y explote eficientemente los bienes que posee en el predio de montaña. Lamentablemente, la actual administración se quedó solo en la contratación de un administrador cuyo desempeño fue una completa decepción, como también el anuncio de una planeación estratégica que incluía, en primer lugar, poner fin al enorme déficit de información que existe en torno al predio municipal.
Aunque parezca increíble, a la fecha no existe información precisa sobre la superficie total del predio, un catastro de activos, su zonificación, un registro de su diversidad ambiental y otros antecedentes que no sólo son claves para dar un mínimo de certeza a potenciales inversionistas, sino simplemente para algo tan elemental como saber qué hay dentro del principal activo que tiene la ciudad y cuánto puede llegar a valer. Sorprende que haya personeros municipales que, al ser consultados por su valor, no se pongan de acuerdo si son doscientos, quinientos o mil millones de dólares. Lo cierto es que en el municipio nadie puede dar respuestas concretas que son relevantes para analizar los negocios que actualmente se desarrollan, y sobre todo para comenzar a vislumbrar otros que puedan incrementar las ganancias, que antes de la pandemia ascendían a poco más de 450 millones de pesos al año -que corresponden al pago que hace Nevados de Chillán por controlar prácticamente todo el complejo turístico- pero que se encuentran suspendidas debido, precisamente, a la crisis sanitaria por el covid-19.
En todo caso, tal déficit no debería sorprender, pues transcurridos más de un siglo desde que Chillán inscribió las Termas Minerales, y luego de casi 70 años de explotación de su dominio esquiable mediante la fórmula de una concesión, el gobierno local ha sido incapaz de implementar una unidad de gestión especializada, como sugiere un mínimo de sentido común ante un patrimonio que no pocos conocedores del negocio consideran con el potencial suficiente para convertirse en el principal centro de esquí de Sudamérica. Por tanto, resulta relevante la declarada intención del nuevo alcalde de Chillán, Camilo Benavente, de profesionalizar su gestión, a fin de propiciar un crecimiento que no sólo genere empleos, mayores ingresos y más turismo, sino que también permita asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo, cuidando su principal atractivo para que las futuras generaciones también puedan gozar de sus beneficios.
