Tras diversas diligencias de investigación en contexto de varios hechos de robo de cables o conductores eléctricos en la Región de Ñuble, Carabineros del OS9 Ñuble detuvo durante la tarde de ayer, en la comuna de Coihueco, al propietario de una chatarrería, donde el sujeto mantenía varios kilos de cable de alta tensión, correspondiente al insumo investigado.
El equipo especializado de Carabineros ejecutó diversas acciones para levantar información pertinente respecto a la indagatoria por los robos de cable que afectaron a varios puntos de la región, tras lo cual, llegaron a la comuna de Coihueco para intervenir un local de venta de chatarra, donde hallaron restos de cables de alta tensión.
“Con esa evidencia y la autorización judicial correspondiente, el equipo especializado realizó el registro del inmueble donde encontró cables de alta tensión correspondiente al insumo investigado. Además, en el mismo lugar, el equipo especializado incautó cartuchos de escopeta, calibre 16”, detalló el prefecto (s) de Ñuble, teniente coronel José Luis Villegas.
En el procedimiento Carabineros detuvo al propietario de la dependencia, un hombre adulto, con antecedentes penales por diversos delitos, el cual fue puesto a disposición del Tribunal por el tenencia ilegal de munición y receptación del cable. Finalizadas las pericias se estableció que lo incautado corresponde a 58 kilos de cable.
Delito
El robo de cables eléctricos se consolidó en 2024 como una de las principales amenazas para la continuidad del suministro eléctrico para los hogares chilenos. De acuerdo con datos de Empresas Eléctricas AG., durante el año pasado se registraron casi 1.200 casos de robo de conductores eléctricos a nivel nacional, los que provocaron interrupciones de suministro a más de 541 mil clientes en todo el país.
La magnitud de este delito ha escalado a niveles preocupantes: durante 2024 se sustrajeron cerca de 590 kilómetros de líneas eléctricas, equivalente a la distancia entre la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía, lo que mantiene los altos indicadores observados en 2023.
Durante 2024, las empresas distribuidoras agrupadas en el gremio interpusieron 546 querellas y denuncias, reforzando su compromiso con la persecución penal de estos delitos. No obstante, el gremio insiste en la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que mejoren la persecución de este delito y enfrenten este problema desde su origen: el comercio informal e ilegal de cobre robado.
