El director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Ñuble, Osvaldo Alcayaga, fue destituido de su cargo tras una investigación sumaria de la Contraloría General de la República en el marco del denominado caso Procultura, en su arista Ñuble.
La determinación se vincula a las indagatorias que realizó el ente contralor respecto a irregularidades en los traspasos y destino de dinero entregado por el Gobierno Regional (GORE) a la Fundación Procultura, para el pago por la realización de un evento vinculado al encuentro binacional con Argentina para promover el paso fronterizo Minas-Ñuble.
El mismo Alcayaga explicó a La Discusión que “esta medida se refiere a actuaciones realizadas durante el periodo en que desempeñé el cargo de jefe de la División de Fomento e Innovación del Gobierno Regional de Ñuble. En tal condición me correspondió participar de la organización del evento “Encuentro Binacional chileno argentino”, una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como contexto, añade que luego del trabajo previo realizado por una profesional contratada para tal efecto, y sin que hubiera avance en las gestiones, se decidió contratar a la productora de eventos de Concepción, Esquerré, aunque con Procultura como ejecutor, la que recibió un monto de $268.100.000.
De ese dinero, la Contraloría General de la República objetó algunos sobreprecios; más otros $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados, entre otras irregularidades, lo que motivó un sumario contra cinco funcionarios del Gobierno Regional, incluyendo a Alcayaga y al gobernador Óscar Crisóstomo.
Ya para el 25 de septiembre del 2025, la Contraloría sancionó con la destitución al, ahora, exdirector del SAG, castigo al que Alcayaga apeló, sin lograr los resultados esperados.
Por otro lado, la CGR descartó responsabilidades en estos hechos por parte del gobernador Óscar Crisóstomo como de los otros tres funcionarios, quienes fueron parte de este proceso contralor, asunto ratificado por el canal de comunicaciones del Gobierno Regional.
“En el sumario se estimó que el procedimiento presenta un error en el acto administrativo, lo que originó un vicio en el procedimiento, sin que exista acreditación de cualquier ilícito cometido por mí. La destitución es una decisión que respeto, pero no comparto”, apuntó Alcayaga.
Según precisó, ese error administrativo consistió en “tratar de avanzar en las gestiones, ya que había plazos acotados para la realización de la actividad”.
Conforme al sancionado, en las mismas conclusiones de la Contraloría “se demostró que no existe apropiación de recursos ni enriquecimiento ilícito. Por lo demás, la actividad encargada se realizó en la forma y fecha prevista. De tal forma, considero que la sanción es desproporcionada para la falta”.
La arista penal
Paralela al sumario de la Contraloría General de la República, está la arista penal de Procultura, que comenzó a ser investigada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, luego pasó a la de Coquimbo y hoy está en manos del fiscal regional de Antofagasta, y sigue en condición de carpeta secreta, por la que no es posible conocer detalles mayores.
Pese a esto, es un hecho que el origen en una serie de irregularidades encontradas en Procultura, fundación creada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín (ex DC) —conocido por apoyar al entonces diputado Gabriel Boric, cuando creó una bancada de salud mental en 2018—, y que experimentó un incremento de más de 10 veces en sus ingresos de entidades públicas cuando asumió el actual gobierno (pasó de $316.849.723 en 2021, a $3.282.841.556 en 2022).
En ese proceso fiscalizador se hizo una serie de reparos a la asignación directa de $268.100.000 que el Gobierno Regional (GORE) Ñuble hizo en 2022 a Procultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
El Ministerio Público ordenó a la PDI realizar a lo menos dos o tres operativos en Chillán, puntualmente en las oficinas del Gobierno Regional, concurrencia que concluyó con la incautación de computadores, documentos y teléfonos celulares de los cinco funcionarios investigados.
La causa penal sigue vigente y aún, al menos en la arista chillaneja, no ha sido formalizada.
