Señor Director:
La educación es una de las áreas que sufrirá los cambios más dramáticos de aprobarse el proyecto de nueva Constitución, ya que este, además de atentar contra libertades y derechos con los que ya contábamos los chilenos, cimienta la base de un imperio de desigualdades al establecer ciudadanos de primera y segunda categoría.
Ello sucede porque la propuesta, junto con pretender un sistema unificado donde el Estado controle toda la educación, garantiza la libertad de enseñanza solo para él y los pueblos originarios, siendo estos últimos los únicos con autonomía para crear, administrar y gestionar establecimientos educativos no estatales, derecho que no está garantizado para la gran mayoría de la población.
A esta mayoría se le imponen una serie de “requisitos” para optar a un “reconocimiento oficial”, el que se traduce, por ejemplo, en que la educación particular subvencionada (que atiende a más de la mitad de los escolares del país, siendo un 90% de ella gratuita) deberá renunciar a su identidad y autodeterminación para seguir funcionando, lo que sepultará la variedad de proyectos educativos que identifican los valores de millones de familias chilenas.
Así, la propuesta de nueva Constitución elimina o limita gravemente la existencia de un sistema de enseñanza pluralista y diverso, elementos fundamentales para que nuestro país siga ofreciendo un sistema mixto de educación, donde los apoderados puedan ejercer de manera efectiva su libertad y derecho a elegir el establecimiento educacional para sus hijos en un ámbito libre, justo e igualitario. Sin libertad de pensamiento, solo nos conducirán al adoctrinamiento.
Profesor Luis Cañas
