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Este lunes se reanudó la audiencia de formalización en el marco del denominado caso Alto Mando, en el que están imputados los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el Estallido Social.
En la instancia, el Ministerio Público informó que ha solicitado la aplicación de las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los exgenerales, en espera del avance del proceso judicial. Esta solicitud, sin embargo, ha generado opiniones divididas. Algunos de los abogados querellantes consideran que las medidas propuestas no son suficientes, dado el impacto del caso y la gravedad de los delitos investigados, por lo que podrían solicitar sanciones más estrictas en futuras audiencias.
La fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, sostuvo durante sus alegatos para fundamentar la necesidad de cautela que “la sola circunstancia de que el delito eventualmente imponga o justifique o haga avizorar la existencia de una pena de crimen, no resulta -en nuestro ordenamiento- suficiente para entender que de manera automática debiera reclamarse respecto de los imputados la medida cautelar de prisión preventiva”.
La persecutora expuso que “a lo menos, su señoría, desde el año 2021, los tres imputados se han mantenido ligados con la investigación”, por lo que “a juicio del Ministerio Público, satisface una de las finalidades esenciales de las medidas cautelares, que se traduce justamente en que se encuentren disponibles para los actos de la investigación, cuestión que se manifiesta en la comparecencia, que es obligatoria, a esta audiencia de formalización”.
“Los tres imputados se encuentran actualmente, su señoría, fuera de la institución. Por lo tanto, en esta etapa, tampoco se vislumbran otro de los supuestos que habilitan para la dictación de la medida cautelar, como es el peligro para la investigación”, complementó,
