¿Cómo enfrentar el desarrollo económico y productivo (DEP) de la comunidad y del territorio que la acoge? La pregunta ha sido recurrente durante el siglo XXI. Las respuestas han diferido dependiendo del enfoque sobre el rol del Estado o del mercado que le imputan las distintas visiones.
Para quien trabaja con las comunidades más pobres del planeta, como es el caso de la ONG jesuita ALBOAN, el DEP es una acción que “promueve los medios de vida necesarios para garantizar la seguridad alimentaria y sostenibilidad económica”. Para que este objetivo se pueda cumplir, “es fundamental medios que contribuyan a la redistribución de la riqueza y a la sostenibilidad medioambiental”. En este escenario, el rol del Estado es fundamental e insustituible.
En contrapartida, para el economista Arnold Harberger – fundador de la Escuela de Economía de hicago – el DEP es una consecuencia de dar relevancia a la reducción de costos para el crecimiento económico, la “creación destructiva” para la productividad y la importancia de un ambiente adecuado para el desarrollo de las empresas. Es decir, un sistema económico con una estructura eficiente del Estado, imbuido en un rol eminentemente subsidiario.
Antes de entrar a buscar una respuesta a la pregunta inicial del presente artículo, evitando con ello poner la carreta delante de los bueyes, es necesario precisar qué se entiende por DEP. Desde una perspectiva territorial, el DEP representa la evolución de los agentes económicos hacia la autovalencia y sostenibilidad en la creación de valor. Bajo dicha definición tanto el Estado como el mercado tienen roles fundamentales que cumplir, es decir un mundo donde los matices del blanco y el negro tienen mucha relevancia.
En los países en vías de desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica de los territorios y comunidades más rezagadas, se enfrentan con una política pública eminentemente asistencialista. En esta realidad cualquier esfuerzo de los fondos públicos para llevar progreso a las zonas pobres, colisiona frontalmente con el temor de las comunidades de “saltar de la sartén (renunciar a la protección del Estado) para caer en las brazas (quedar en una situación de mayor vulnerabilidad)”. La otra cara de la moneda, corresponden a las zonas de mayor prosperidad, donde las reglas del mercado funcionan para quienes tienen las capacidades para aprovechar las oportunidades que generan. Resultado, un país que perpetúa el subdesarrollo.
Poner en el centro la creación de valor de los agentes económicos, permite ordenar las políticas públicas y lograr efectivamente el DEP en todos los rincones del país. El desarrollo es sinónimo de movimiento hacia una mejor calidad de vida de la población. La creación de valor evita la involución de dicha mejor calidad de vida.
Veamos un ejemplo aplicado a la alta ruralidad de la región de Ñuble. La agricultura familiar campesina se sostiene por los subsidios del Estado, quien privilegia el asistencialismo por sobre la creación de valor (busca mejorar los procesos de la actividad agrícola, sin reparar en los efectos que el mercado genera en dicha actividad). Cambiar el método tradicional de los agricultores por un sistema de agricultura vertical basado en invernaderos, generaría un alto impacto en los rendimientos y en la variedad de los cultivos con indudables beneficios para los pequeños agricultores, quienes sin necesidad de aumentar la superficie, pueden incrementar su productividad a límites insospechados.
