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Desde 1960 el PIB nacional creció casi un 498% y la productividad solo un 7,8%, lo que nos demuestra que no estamos acompañando el crecimiento del país al mismo ritmo. El tema obviamente no es menor y no solo por sus alcances macroeconómicos, pues para tener empleos de calidad -bien lo sabe esta región- también es importante crecer productivamente, de lo contrario solo lograremos con el pasar del tiempo trabajos de menor calidad.
Los índices de productividad en Chile son 50% inferiores a los de economías desarrolladas, mostrando su mayor caída en los últimos 15 años. En el último ranking de competitividad global preparado por el Institute for Management Development (IMD), el país volvió a descender, ubicándose 42 en el mundo, bajando siete lugares desde la última medición.
Ante este escenario, el Gobierno -lo mismo que su antecesor- se ha visto desafiado a construir una agenda de productividad, innovación y crecimiento que ha sido objeto de un interesante debate entre sectores que ven que el Estado entraría a jugar un papel “demasiado” activo en la orientación de la actividad económica privada -e incluso a reemplazarla parcialmente en algunos casos- y otros que plantean que no se puede avanzar sin reconocer una realidad incuestionable: la existencia de abundantes fallas de mercado que dificultan la identificación de nuevos sectores económicos o desalientan el desarrollo de aquellos de alto potencial.
Esta última mirada parece mucho más coincidente con otros reportes de la OCDE sobre Chile, donde se plantea que el país no debiera tener complejos en impulsar políticas públicas de incentivo a la industria y le asigna especial relevancia al desarrollo territorial, reiterando su preocupación por la gran disparidad geográfica en ingresos, productividad y formación del capital humano.
Este último factor es de especial importancia para Ñuble, que tiene un serio problema de capacitación, lo que repercute en la escasez de emprendimientos y reduce las posibilidades de generar valor agregado a la producción. Ello significa, en la práctica, que de no ocurrir un cambio, la zona seguirá produciendo y comercializando commodities (madera, celulosa y frutas, principalmente), y los salarios de sus trabajadores seguirán siendo bajos en comparación con el promedio nacional.
Este círculo vicioso, en que los salarios bajos son un desincentivo para la atracción de profesionales, y la falta de profesionales dificulta la agregación de valor a la producción y la generación de emprendimientos, que a su vez, son determinantes en la estructura salarial local, hace necesaria una intervención estatal, que tenga por objetivo, por un lado, crear las condiciones para aumentar la inversión privada y por otro, focalizar los incentivos en las micro, pequeñas y medianas empresas que agreguen valor, así como en el emprendimiento.
Hoy tenemos 19 centros de enseñanza superior, con una matrícula de 24 mil estudiantes, de modo que solo falta que las políticas públicas propuestas, efectivamente tengan una real y positiva aplicación local, sean capaces de retener a los profesionales aquí formados y creen espacios para el aprovechamiento de ese gran capital humano.
