La sala cuna universal se ha instalado con fuerza en el debate público, y con razón. Garantizar el acceso al cuidado infantil temprano es una medida que apunta directamente a la igualdad de oportunidades, a la protección de la infancia y a la corresponsabilidad en el trabajo. Sin embargo, en políticas públicas tan sensibles como esta, la forma en que se diseñan y financian resulta tan relevante como su finalidad.
Desde una perspectiva laboralista, orientada a la defensa de los trabajadores, es imposible desconocer los avances que ha experimentado nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años. El aumento sostenido del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley Karin, las normas de teletrabajo y conciliación, entre otras, representan conquistas sociales relevantes y necesarias. Pero también es innegable que todas ellas han significado un aumento directo, permanente y acumulativo de costos para los empleadores.
El problema surge cuando cada nuevo derecho social se concibe bajo la lógica de que su financiamiento debe recaer casi exclusivamente en la empresa. Esta mirada, aunque bien intencionada, desconoce la fragilidad del equilibrio que sostiene el sistema laboral y el impacto real que estas cargas generan, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte sustancial del empleo formal en Chile.
La sala cuna no es sólo un beneficio laboral, es- ante todo- una política pública de infancia. Sus efectos positivos -mejor desarrollo infantil, mayor participación laboral femenina, mayor cohesión social- benefician al conjunto de la sociedad, no sólo a una relación contractual específica. Por ello, resulta razonable exigir que el Estado asuma un rol protagónico en su financiamiento y no se limite a regular o administrar el sistema, trasladando el costo a terceros.
A esto se suma un elemento que no puede seguir siendo ignorado: la profunda crisis de natalidad que enfrenta el país. Si cada hijo se traduce en un mayor costo indirecto asociado al empleo formal, el mensaje que se envía es contradictorio. En lugar de incentivar la maternidad y la paternidad, se generan incentivos al retraso, a la informalidad o, derechamente, a no tener hijos, en un país cuya población envejece aceleradamente, de hecho, según los datos entregados por el INE, Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia, con menos de un hijo por mujer, y lo ubica dentro de los países en el mundo con el menor número de nacimientos.
El derecho del trabajo se construye sobre equilibrios. No existen empleadores sin trabajadores, ni trabajadores sin empleadores. Cuando se rompe esa lógica y se sobrecarga a una sola parte del sistema, el resultado no es mayor protección, sino menos empleo, más informalidad y mayor exclusión.
Avanzar en derechos sociales es indispensable. Pero hacerlo sin corresponsabilidad estatal no fortalece el sistema: lo tensiona. Si el Estado busca realmente propagar el bien común, debe también estar dispuesto a asumir el costo que ello implica, y no delegarlo, una vez más, en la planilla de sueldos.
Cristina Melo
Abogada Laboral
