El reconocimiento al derecho a la Vivienda es uno de los elementos que incorpora el borrador de Nueva Constitución y que no eran parte del ordenamiento constitucional anterior.
Lo plasmado en el texto sostiene: “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]También, que “El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley”.
Se establece, además, que “el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda”, y que “considerará particularmente en el diseño de las políticas de Vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos.
El Estado también “garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley”; “administrará un Sistema Integrado de Suelos Públicos. Este tendrá las facultades de dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados, conforme a la ley”; garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada, y además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la ley”.
Una obligación del Estado
Según el abogado y asesor constitucional en temas de Vivienda, Ricardo Frez, el acceso a la vivienda es una de las demandas y anhelos más sentidos de un gran sector de la sociedad, y una de las deudas más importantes que se han acumulado durante los últimos años.
“Las cifras son más que preocupantes. En la última cuenta pública, el Ejecutivo informó de la existencia de un déficit de más de medio millón de viviendas, lo que significa que al año 2022, más de un millón de personas aún no tenga una solución habitacional en nuestro país. Este grave problema de la vivienda tiene diversas razones, pero sin duda, una de las más relevantes dice relación con el débil rol que ha tenido el Estado para abordar adecuadamente esta necesidad tan básica, lo cual repercute directamente en las dificultades que luego la ciudadanía y los comités de vivienda experimentan para acceder a una vivienda”, sostuvo.
Frez releva que la actual Constitución de 1980 no menciona la palabra Vivienda.
“Somos uno de los pocos países en el mundo que no reconoce este derecho como una garantía básica, y esto se refleja en cómo el Estado implementa las políticas públicas y leyes en esta materia. La nueva Constitución reconoce y asegura a todas las personas su derecho a una vivienda digna, siendo uno de los avances más importantes que podemos recoger de este proceso Constituyente. Tenemos la oportunidad de poner a la vivienda en el nivel normativo más alto, como una obligación que el Estado no puede eludir, y una garantía que la ciudadanía podrá exigir con mayores y mejores herramientas”, planteó.
Frez hizo hincapié en que “la invitación es a informarse y a leer la propuesta para valorarla tal como es y no sobre la base de miedos y desinformación; porque no, en el texto propuesto no se limita la propiedad privada de la vivienda; no, no se señala en ninguna parte que se expropiarán las segundas viviendas. Y, por otro lado, sí se establecen criterios básicos para que las viviendas tengan condiciones mínimas para una familia; sí se pone el énfasis en viviendas de acogida y para víctimas de violencia; sí se entregan mandatos directos para abordar el déficit de suelos para las viviendas sociales. Se pone un especial énfasis en las personas con mayores dificultades económicas, que permita hacernos cargo de los problemas de fondo, que como sociedad, hemos postergado por años”, manifestó.
Para el abogado, “esta nueva Constitución abre la puerta a los derechos sociales, asegurando mínimos para toda persona, y en materia de Vivienda, damos un avance significativo hacia la dignidad e igualdad”, puntualizó.
¿Y la vivienda “propia”?
Según el arquitecto y exseremi de Vivienda y Urbanismo de Ñuble, Carlos Urrestarazu, “hace ya casi un año, ad portas de iniciar la redacción de la nueva Constitución, gran parte de la ciudadanía tenía grandes esperanzas en relación al nuevo texto rector, ya que disminuirían grandes diferencias sociales, en la salud, pensiones, educación, y por cierto, la vivienda. De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, se propone que, ‘…toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria…’. Hasta ahí, me parece que es correcto, pero: ¿Por qué no haber dejado el texto aún más claro y haber complementado con: ‘…y en propiedad…’ o ‘…propia’? ¿Para qué rechazar esa acotación, siendo que es muy lógica? Para mí, siembra un manto de dudas al ser un tanto especulativo”, aseveró.
A modo de ver del exseremi, “creo que se perdió la oportunidad de haber acotado aún más la ilusión de ‘el techo es un derecho’, o de haber reforzado de mejor manera el derecho a la vivienda propia. Hasta ahora, el rol del Estado siempre ha sido el de ser el motor y el garante de reducir los déficit habitacionales, y cada vez con una mejor política habitacional. Recuerden que no tantos años atrás existía la vivienda progresiva, en que a cada beneficiario se le entregaba solo una caseta sanitaria y cada uno veía ‘cómo se las arreglaba’ para continuar con el resto de la casa”, resaltó.
Actualmente, agregó, “existe un cuadro normativo a cumplir, por parte del Minvu, en que cada recinto interior debe estar garantizado con un metraje mínimo, y donde la vivienda se adecúa a cómo se compone la familia. Si es numerosa, si existe algún integrante con capacidad reducida, si es familia pequeña, etc. También se ha mejorado bastante en materia de no seguir con las segregaciones en las ciudades, con proyectos como los de integración social, para tener ciudades más justas, más equitativas”, sostuvo.
Precisó: “como Estado seguimos al debe, y es muy difícil de llegar a un déficit cero, debido a que cada día nacen nuevas familias, y por ende, ese déficit es dinámico. Creo que este borrador Constitucional en materia de Vivienda, podría haberse robustecido con la palabra ‘propia’, para haberlo dejado como gran título. De ahí en adelante, asegurar distintos mecanismos para que este derecho, sea oportuno”.
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