La Junta de Vigilancia del Río Chillán denunció una grave intervención ilegal en el nacimiento del río, en el sector Los Pellines, donde particulares instalaron un portón y desviaron gran parte del caudal hacia un canal privado, impidiendo el acceso de los celadores y del repartidor de aguas para verificar el destino del recurso. Según estimaciones técnicas, el desvío alcanzaría entre 500 y 600 litros por segundo, equivalente a cerca del 50% del caudal del río en un año marcado por la sequía y la falta de nieve.
Bajo este escenario, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Chillán, Héctor Jaque, declaró: “En el nacimiento del río Chillán, en el sector Los Pellines, particulares intervinieron completamente el cauce, instalaron un portón y nos impiden el acceso como Junta de Vigilancia para fiscalizar. El agua está siendo desviada por el canal Los Pellines hacia un destino que desconocemos, sin que una sola gota vuelva al río, y todo esto sin contar con derechos de aprovechamiento inscritos”.
“Estamos hablando de una extracción estimada entre 500 y 600 litros por segundo, es decir, cerca de la mitad del caudal del río Chillán, en un año marcado por la sequía y la falta de nieve. Estos particulares no tienen ningún derecho de agua inscrito en Pinto, Coihueco ni en Chillán, por lo que les exigimos al Seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Ñuble y a la Dirección General de Aguas (DGA) que hagan cumplir la ley de manera urgente”.
En este sentido, desde el organismo hídrico confirmaron que no existen derechos de aprovechamiento de aguas inscritos a nombre de estos particulares en los Conservadores de Bienes Raíces en dichas comunas, lo que configura una extracción absolutamente ilegal.
La Junta de Vigilancia advirtió que esta situación constituye un atentado contra la seguridad hídrica de toda la cuenca, ya que el organismo debe distribuir el recurso entre 35 canales de riego, comunidades agrícolas y usuarios aguas abajo. Por ello, exigieron la intervención urgente de la Dirección General de Aguas y de la Seremi de Obras Públicas para restablecer el acceso al río, fiscalizar el caudal extraído y aplicar las sanciones que establece la ley frente a un eventual robo de agua de esta magnitud.
Por otro parte, existe un caso similar denunciado por el repartidor de aguas del Río Chillán, Alexis Ferrada, quien afirmó: “Existe una bomba instalada ilegalmente que está extrayendo aproximadamente 2.520 litros por minuto, es decir, cerca de 42 litros por segundo, lo que supera ampliamente lo que correspondería según los derechos que esta persona tiene en un canal distinto. En la práctica, la diferencia entre lo que puede usar legalmente y lo que realmente está sacando corresponde a agua que se está apropiando de manera irregular.”
Además, el mismo profesional, asegura que “hoy el problema no es solo legal, es hídrico y ambiental: cuando se corta el río con plásticos, bocatomas o desvíos, el agua deja de volver al cauce y se pierde para la cuenca, mientras se usa para riego privado y turismo aguas arriba. Lo que buscamos es simple: que el agua vuelva al río, porque es la única forma de proteger el caudal ecológico y a todos los usuarios que están aguas abajo”.
