El 21 de noviembre del año pasado, vecinos del sector Los Sauces de San Fabián de Alico fueron desalojados con alrededor de cien efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros para iniciar las obras del Embalse Punilla que inundará alrededor de 1.700 hectáreas. Las viviendas desalojadas y posteriormente destruidas,correspondían al sector A, primero en ser reubicado para comenzar el proyecto. Los vecinos, que agrupan propietarios y allegados, se negaron a firmar el convenio de relocalización argumentando que no se ha cumplido con las medidas del Plan de Desarrollo Social (PDS) y Plan Ganadero, contenidos en el Resolución de Califiación Ambiental del embalse.
En diciembre, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la solicitud de la defensa de los vecinos y decretó medidas cautelares, que suspendieron los desalojos y paralizaron el proyecto. Además, el Tribunal admitió la demanda por daño ambiental al componente humano contra la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. de la empresa Astaldi y el Ministerio de Obras Públicas.
El 11 de julio, con la mediación del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, las partes fijaron una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo. Sin embargo, hoy la defensa de los litigantes rechazó esa posibilidad, por lo que se iniciaron los alegatos. La audiencia comenzó con el testimonio de los testigos. De parte de los vecinos, entregó su declaración el sociólogo de la Universidad de Concepción, Robinson Torres, el abogado Ricardo Frez, el concejal Carlos Orellana y el arquitecto César Uribe. De parte de los demandados, entregó su testimonio Etna Varas, abogada, Jorge Muñoz, inspector fiscal del proyecto, Margarita Riffo, asistente social, y el asesor Eduardo Silva, todos ellos funcionarios del MOP.
En tanto, la revisión de medidas cautelares quedó fijada para este miércoles. El 11 de julio, el Tribunal levantó parcialmente las cautelares para permitir que los vecinos que quisieran aceptar el PDS pudiesen firmar el convenio.
Testigos de los vecinos
La parte demandante basó la evidencia en demostrar incumplimientos a la RCA del proyecto, que consideraba instrucciones específicas para la relocalización de las comunidades afectadas. Plantearon que la empresa concesionaria y el MOP actuaron en contradicción a la RCA durante el proceso de desalojo, lo que habría generado un daño ambiental en el componente humano.
El sociólogo de la Universidad de Concepción, Robinson Torres, quien realizó trabajo de campo con sus alumnos en la zona, fue uno de los testigos. El profesional argumentó que según lo que constató,las 44 medidas de compensación que planteaba el PDS no se concretaron. “Los hechos demuestran que las medidas no se cumplieron, porque no se logró reproducir su forma de vida”, detalló.
Y enfatizó que la solución está en realizar “un estudio detallado de cada persona, un catastro actualizado de sus características familiares y sociodemográficas, del espacio físico para sus animales. Después hay que preparar psicológicamente el traslado, lo que implica que exista un lugar que sea adecuado para ellos y que se considere su opinión. Además se necesita incorporar un equipo de profesionales neutral externo al MOP y a la concesionaria”.
Ricardo Frez, abogado, trabajó con los vecinos como miembro del comité asesor de la Municipalidad de San Fabián, criticó la forma en que se realizó el desalojo, y recalcó que hay dos familias que aún viven en carpas afuera de los terrenos donde estaban sus viviendas.
El arquitecto, César Uribe, quien participó como funcionario municipal de los Comité de Gestión, instancias desarrolladas para verificar el cumplimiento de las medidas del PDS, y también fue asesor ambiental del municipio, criticó la forma en que se realizaron esas instancias, y previamente, la participación ciudadana. “El inspector fiscal como funcionario del Fisco tiene un mandato que el proyecto Punilla se lleve adelante a como dé lugar. El rol de fiscalización yo no lo vi, solo vi un rol facilitador de que el proyecto avance, pero no de fiscalizar en detalle si se están cumpliendo o no algunas medidas. En el proceso de desalojo, la medida seis no estaba resuelta para esos vecinos, lo que debió ser evidente para el inspector”.
Y agregó que “el PDS no se desarrolló de buena forma, no hubo un proceso de participación ciudadana real donde existiera un tipo de acuerdo en las medidas, sino que las reuniones se realizaban de manera informativa e impositiva, desde ahí nace el problema y el rechazo que a los vecinos les genera este plan. Hay una obligación de actualizarlo cuando hay más de una fecha del inicio de obras,
porque aún no se conoce la fecha”. Además recalcó que los montos no cumplen con los objetivos del plan.
Testigos de los demandados
La abogada de la División de Concesiones del MOP y asesora técnica del inspector fiscal, Etna Varas, aseguró que dentro de la evaluación ambiental se había identificado una cantidad determinada para las medidas de compesación. El año 2015 fueron actualizadas en montos, dentro del proceso de evaluación ambiental, los organismos que participaron afirmaron que las medidas y los montos eran suficientes para suplir este impacto”.
En tanto, el inspector fiscal, Jorge Muñoz, consideró en su testimonio que “eran allegados, y a todos los estamos haciendo propietarios de un terreno y una casa. Aunque el terreno sea más chico, va a quedar dueño de una casa, algo le va a poder heredar a sus hijos. Es notablemente superior el hecho de que van a ser propietarios”.
Sobre el desalojo, enfatizó que “la Sociedad Concesionaria me comunicó todas las acciones que realizó, todos los antecedentes, el receptor fue dos meses antes a informar. Alguna autoridad del Ministerio autorizó que se hiciera la toma de posesión material. La demolición de las casas estaba dentro de lo que se diseñó para la toma de posesión material”.
