La ciudadanía no debería perderse con los discursos oportunistas y tener la certeza de que los argumentos políticos obsoletos no tienen la contundencia que tienen los análisis técnicos y por supuesto la experiencia comprobada de que la seguridad de un país reposa en la oportunidad que se les brinda a los sectores más desprotegidos, incluyendo a los que infringen la ley.
Entre quienes se dedican a estudiar la delincuencia o a trabajar en las instituciones vinculadas al crimen, es común enfrentarse con el discurso de que los esfuerzos públicos deben centrarse en generar programas de rehabilitación para infractores de ley. Este discurso, de que los presos necesitan programas psicológicos y educacionales, fue hegemónico durante el apogeo del estado social norteamericano en los años sesenta. Sin embargo, con el tiempo fue objeto de críticas. Algunos han planteado que los programas son altamente ineficientes y que significan un costo altísimo para los presupuestos estatales. Otros han sostenido que las intervenciones psicológicas vulneran el libre albedrío de las personas que delinquen.
Frente a este debate que oscila entre la legítima preocupación tanto por los presupuestos fiscales como por la dignidad de las personas, ha surgido una nueva ola de investigaciones que sostiene que la pregunta por la eficacia de la rehabilitación debe ser planteada en términos distintos. La pregunta ahora es: ¿Qué es lo que debemos intervenir y cuán efectivas pueden ser estas intervenciones?
Para responder a esta pregunta, las nuevas voces sostienen que no basta con “rehabilitar delincuentes” con trabajo y educación, sino que también es necesario intervenir las comunidades y condiciones sociales y políticas que dan origen inmediato a la delincuencia.
Y aquí entra en juego la política, pues el involucramiento y compromiso activo de los representantes políticos y sociales en distintos niveles del territorio y su conexión con la ciudadanía han probado ser factores cruciales para permitir que los miembros de la comunidad canalicen sus preocupaciones con mayor agilidad y precisión. En otras palabras, en vez de reclamar ciegamente “por la lucha contra la delincuencia”, las comunidades en contacto con sus líderes locales pueden exigir a sus concejales, alcaldes, gobernadores regionales y parlamentarios, la implementación de luminarias, parques, programas laborales o centros comunitarios. A esto se le ha denominado organización social sistémica.
La presencia política efectiva en las organizaciones comunitarias es una vía crucial para adoptar medidas para prevenir la delincuencia, de acuerdo a las necesidades de cada contexto local. En síntesis, la rehabilitación sirve cuando los representantes políticos cultivan relaciones sanas con la ciudadanía y cuando los programas de prevención atienden a las necesidades precisas de sus comunidades.
Si consideramos la importancia de la capacidad de las comunidades para lograr articulación política para enfrentar la delincuencia, la pregunta sobre cuán efectiva pueden ser estas intervenciones para prevenirla, se responde fácilmente.
