Una vez que los propios vecinos del sector Diagonal Las Termas avalaron los balances municipales que daban cuenta de que las medidas aplicadas por el consistorio lograron ordenar la dinámica del tránsito vehicular y del comercio ambulante, muchos lo vieron como una señal de esperanza.
Esperanza en que esa misma determinación y capacidad de control pudiera aplicarse en Los Puelches y en las calles del centro, como El Roble, 5 de Abril, Maipón o en las afueras del hospital Herminda Martín.
Sin embargo, desde el primer momento se advirtió que, mientras los vendedores de Diagonal Las Termas están acreditados y suelen participar en reuniones de coordinación con Seguridad Municipal o Carabineros, el resto no está ni empadronado ni autorizado y, muchas veces, va mudando de lugar, lo que complejiza el control.
Lo cierto es que, desde la implementación de la ordenanza municipal que buscó regular el comercio ambulante, entre 2018 y 2019, la Municipalidad de Chillán ha transitado por distintas estrategias para enfrentar una problemática que, lejos de resolverse, se ha consolidado como uno de los principales desafíos urbanos en la ciudad.
Lo que en un inicio se planteó como un esfuerzo por ordenar el uso del espacio público —mediante la delimitación de zonas, exigencia de permisos y fiscalización— pronto evidenció sus límites. El crecimiento sostenido del comercio informal, especialmente tras la pandemia de Covid-19, tensionó la capacidad del municipio para hacer cumplir la normativa y extendió el fenómeno más allá del casco central.
A partir de entonces, la estrategia municipal ha oscilado entre operativos de control, intentos de relocalización y medidas de ordenamiento parcial, con resultados dispares. Mientras algunos sectores han mostrado avances, otros se han consolidado como focos persistentes, reflejando las dificultades para sostener en el tiempo las intervenciones.
En la actual administración, encabezada por el alcalde Camilo Benavente, el enfoque ha incorporado con mayor fuerza el componente de seguridad. “Hemos reforzado nuestro enfoque, potenciando medidas y planes exitosos, pero también aprendiendo de nuestra propia experiencia”, afirmó el jefe comunal, en alusión a una estrategia que combina fiscalización, coordinación interinstitucional y recuperación de espacios públicos.
Sin embargo, más allá del discurso, la efectividad de estas medidas continúa siendo objeto de cuestionamientos. Sectores como el entorno del hospital Herminda Martín siguen evidenciando la persistencia del comercio ambulante, en un contexto particularmente sensible por tratarse de un recinto de alta demanda, donde la ocupación de veredas y accesos impacta directamente en la circulación y el funcionamiento del lugar.
Pese a esto, locatarios del mercado histórico reconocen que “hay comercio ambulante, pero ya no se instalan; pasan ofreciendo sus productos en voz alta, con mochilas o carritos, y eso al menos ha servido para que se vea más despejado el pasillo”, comenta Juan Luis Vergara, empleado de uno de los locales de comida rápida en la intersección de 5 de Abril con Maipón.
Pasos más adentro, ya no se ven apostados vendedores de fármacos, o al menos no como antes. “Se ven, pero poco, porque los inspectores se instalan acá en la pérgola. Lo que quedan son las señoras que venden pan al rescoldo, humitas o pasteles de choclo; al resto ya los sacaron”, explica una de las vendedoras de frutas y verduras del lugar.
Compromiso y estrategia
La pregunta obvia es: “¿Y el centro cuándo?”
Si bien la estrategia ha sido largamente publicitada, lo que parece nuevo es la actitud con que se está abordando el problema y las posibilidades que el Plan de Seguridad Municipal —retirado momentáneamente para discutir detalles legales— pueda entregar como respaldo y facultades.
Inicialmente, se proyecta destinar el remodelado espacio del Patio 5 de Abril —hoy en uso por los feriantes que aguardan el fin de la remodelación del Patio Isabel Riquelme— para cerca de 80 de los aproximadamente 160 comerciantes regulares que desarrollan su actividad en las calles del centro.
Eventualmente, se permitirá que aquellos que llevan años utilizando algún carro, garita o kiosco y que, además, sean residentes de la comuna, permanezcan en esos espacios
Respecto del resto, se iniciaría un proceso constante e intenso de fiscalizaciones focalizadas para desincentivar su permanencia en la ciudad.
“Una vez que esa obra concluya, la gran mayoría de los comerciantes con permiso serán trasladados al Patio 5 de Abril para ejercer un comercio más ordenado”, explicó el alcalde, estimando que el recinto podría acoger a poco más de 80 personas.
La medida apunta únicamente a vendedores que, históricamente, han recibido autorizaciones debido a situaciones socioeconómicas complejas.
En ese contexto, el anuncio de una política de “tolerancia cero” aparece como el giro más relevante —y, a la vez, más controvertido— de la estrategia municipal.
“Una vez implementado esto, tendremos una política de tolerancia cero respecto al comercio ambulante en el centro, sobre todo con aquellos que no son de la comuna y que vienen desde afuera a ejercer esta actividad sin respaldo legal”, advirtió Benavente.
El planteamiento abre un nuevo escenario. Por una parte, establece una línea más dura en la fiscalización, condicionada a la existencia previa de alternativas de relocalización. Por otra, introduce una diferenciación entre comerciantes locales y aquellos provenientes de otras comunas, lo que podría complejizar la aplicación de las medidas en términos operativos y legales.
Con todo, el desafío de fondo permanece. La experiencia de los últimos años muestra que el comercio ambulante en Chillán no responde únicamente a un problema de ordenamiento, sino a factores estructurales vinculados a la informalidad laboral, la dinámica económica local y la capacidad del Estado para ofrecer alternativas sostenibles.
En ese marco, la efectividad de la nueva etapa —basada en relocalización y endurecimiento de la fiscalización— dependerá no solo de su diseño, sino de su capacidad para sostenerse en el tiempo y evitar que, como ha ocurrido en experiencias anteriores, los avances terminen diluyéndose frente a la presión constante por ocupar el espacio público.
Aunque el alcalde ha aludido a la Delegación Presidencial para asegurar el apoyo policial en esta materia, por el momento el delegado Diego Sepúlveda no ha incluido el conflicto del comercio ambulante ilegal dentro de su agenda pública.
Los puntos más desafiantes
Donde el despeje ha sido más complejo es en el sector de Los Puelches, que durante los fines de semana se ha transformado en uno de los principales focos de comercio informal.
Si bien desde el municipio destacan avances recientes producto del trabajo coordinado con Carabineros y la anterior Delegación Presidencial, la necesidad de intervenciones reiteradas da cuenta de una problemática que no ha logrado ser contenida de manera estructural.
“Teníamos un problema serio por la cantidad de vendedores sin permiso que se establecieron. Se ha desarrollado un plan bastante efectivo en este mes y estamos con toda la disposición a apoyar a que se afiance en el tiempo”, señaló Benavente.
La propia formulación —apelar a que los resultados “se afiancen en el tiempo”— refleja, precisamente, uno de los principales déficits de las políticas aplicadas hasta ahora: su dificultad para consolidarse.
Otros puntos que han sido intervenidos en incontables oportunidades son los alrededores del hospital Herminda Martín.
Si bien se trata de comercio ambulante ilegal, la dinámica muestra diferencias sustanciales con lo que se observa en el centro, ya que gran parte de lo que se ofrece corresponde a ropa, juguetes y artículos de segunda mano, lo que habla de personas en busca de ingresos menores, más que de eslabones de una cadena mayor de distribución de productos nuevos sin procedencia documentada.
De todas formas, la inquietud respecto a que estos y otros comerciantes se instalen en el exterior del nuevo hospital regional fue planteada en junio de 2025 por la directora del hospital Herminda Martín, doctora Luz María Morán.
“La ciudad ya cuenta con una ordenanza clara, por lo tanto, no es necesario una nueva; sin embargo, lo que se necesita es que esta se aplique y que el trabajo de Seguridad Municipal y de Carabineros vaya de la mano, para este eventual traslado de comerciantes desde el centro hacia el nuevo hospital. Lo que buscamos es anticiparnos a lo que viene, y no reaccionar cuando el problema ya esté instalado”, sostuvo.
Donde sí hubo avances
El contraste de todo lo anterior se observa con mayor claridad en sectores donde el municipio sí ha logrado imponer cierto orden.
Es el caso de Diagonal Las Termas, donde la relocalización de una feria libre autorizada permitió mejorar las condiciones de funcionamiento y reducir conflictos asociados al tránsito y al uso del espacio público.
“Definimos despejar la arteria y reorganizar el funcionamiento, lo que ha significado una mejora significativa”, sostuvo el alcalde.
No obstante, este tipo de experiencias exitosas han sido más bien excepcionales y difíciles de replicar en otros puntos de la ciudad, donde confluyen factores como la alta demanda por ubicaciones estratégicas, la precariedad laboral de quienes ejercen el comercio ambulante y la limitada capacidad de fiscalización permanente.
El corazón de la medida
En paralelo, el municipio ha intensificado operativos de retiro de rucos y ocupaciones irregulares en espacios públicos.
Esto responde a una lógica que apunta más a la recuperación del espacio común —ocupado de manera irregular— que a una acción orientada exclusivamente a enfrentar la competencia desleal con el comercio formal.
Según cifras entregadas por la propia autoridad, durante el verano y lo que va de marzo se han retirado más de 70 rucos en distintos sectores de la ciudad, junto con más de 100 toneladas de residuos.
Estas acciones, si bien apuntan a la recuperación del espacio público, también han sido interpretadas como medidas de contención más que de solución, en la medida que no abordan las causas de fondo que originan la ocupación informal.
El “efecto Barrio Meiggs”
Al gremio de la Cámara de Comercio de Chillán no le sentó bien la nueva ordenanza de comercio ambulante.
Así lo plantea el presidente de la entidad, Alejandro Lama, quien, tras aclarar que “casi no tuvimos participación en su discusión”, sostiene que las dudas se basan en la experiencia.
“Si se busca ordenar la calle entregando un espacio público de uso peatonal, ese espacio se pierde para siempre, y en Chillán eso ha pasado muchas veces”, advierte.
Si bien valora lo proyectado para el Patio 5 de Abril, sostiene que “eso puede tener efectos positivos en la medida que no se sigan entregando más permisos ni se permita la llegada de nuevos comerciantes a los espacios que van a quedar desocupados”.
A su juicio, la clave no pasa por nuevas ordenanzas ni mayores facultades, sino por “determinación”. “Si por cansancio o presión se termina haciendo vista gorda, llevar gente al Patio 5 de Abril solo será una invitación para que lleguen nuevos ambulantes”, afirma.
Esa determinación —agrega— es hoy más viable que antes, debido a lo que denomina el “efecto Barrio Meiggs”.
“Antes, cuando un inspector o un carabinero le quitaba las cosas a un ambulante, la gente intervenía para defenderlo. Hoy, con lo que se ha visto en el Barrio Meiggs y en otras ciudades, existe mayor conciencia de que no siempre se trata de personas en situación de urgencia, sino que muchas veces forman parte de cadenas más grandes, incluso vinculadas a la delincuencia. La actitud de la gente ha cambiado”, explica.
En ese contexto, insiste en que todo depende de la voluntad de aplicar la normativa. “Seamos realistas: ya hay una ordenanza nueva, pero grandes cambios en el centro todavía no se ven”, concluye
