Los incendios forestales que golpean a Ñuble no son un hecho aislado ni un infortunio imprevisible. Son, más bien, la expresión más cruda de una tendencia que la ciencia viene advirtiendo hace años y que queda plasmada con claridad en el Anteproyecto de Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) que la región posee. Olas de calor más intensas y frecuentes, sequías prolongadas, pérdida de humedad del suelo y un paisaje productivo altamente inflamable configuran un escenario de riesgo que ya no pertenece al futuro: es el presente de la región.
El valor central del PARCC de Ñuble es que asume esa realidad sin eufemismos. El diagnóstico técnico identifica a los incendios forestales como una de las principales amenazas climáticas para la población, la biodiversidad y la economía regional, especialmente en una región mayoritariamente rural, con altos niveles de pobreza multidimensional y una fuerte dependencia del sector silvoagropecuario. No se trata solo de hectáreas quemadas, sino de viviendas expuestas, problemas de salud asociados al humo, pérdida de medios de vida y degradación de ecosistemas estratégicos.
El anteproyecto también acierta al entender el riesgo de manera integral. Los incendios no son solo un problema forestal o de emergencia, sino el resultado de cadenas de impacto donde confluyen factores climáticos, sociales y productivos. Plantaciones extensivas, déficit hídrico, fragmentación del bosque nativo y una débil planificación territorial aumentan la vulnerabilidad. En ese sentido, el PARCC propone medidas de adaptación que van desde la gestión del paisaje y la protección de la biodiversidad hasta el fortalecimiento de capacidades locales y la coordinación institucional.
Sin embargo, el contexto actual obliga a ir más allá del diagnóstico bien hecho. Los incendios que hoy consumen cerros y viviendas en Ñuble interpelan la velocidad y la prioridad de la acción pública. El desafío del PARCC no será su coherencia técnica, sino su capacidad de traducirse en decisiones concretas, financiamiento efectivo y cambios reales en el territorio. La prevención, la reducción del riesgo y la adaptación no pueden seguir subordinadas a lógicas sectoriales ni a ciclos políticos cortos.
En este punto, el anteproyecto abre una oportunidad que no debiera desaprovecharse. La identificación de medidas priorizadas y de fuentes de financiamiento posibles permite pasar del papel a la implementación, siempre que exista voluntad política y compromiso de los distintos niveles del Estado. También exige corresponsabilidad del sector privado y de las comunidades, especialmente en una región donde el uso del suelo y la actividad productiva están directamente vinculados al riesgo de incendios.
Los incendios de este verano refuerzan una idea clave: el cambio climático ya no es una discusión abstracta, sino una emergencia territorial. El PARCC de Ñuble entrega una hoja de ruta necesaria, pero incompleta si no se asume que cada temporada perdida es una vulnerabilidad acumulada. La región no puede darse el lujo de reaccionar solo cuando el fuego avanza. La acción climática debe anticiparse, sostenerse en el tiempo y convertirse en una política de Estado regional. De lo contrario, los diagnósticos seguirán siendo certeros, pero llegarán siempre tarde.
