Este martes 15 de julio vence el plazo legal para que las autoridades que ocupan cargos de confianza y quieran postular al Parlamento den un paso al costado. No se trata de una sugerencia, sino de una instrucción formal del Ministerio del Interior, establecida mediante la Circular N°32, que actualiza y refuerza normas ya consagradas en nuestra legislación, como la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa.
Más allá del tecnicismo jurídico, lo que está en juego es el principio de prescindencia política del aparato estatal. Un valor que, en tiempos de campañas adelantadas y redes sociales, requiere más que nunca un compromiso ético por parte de quienes ejercen funciones públicas.
En Ñuble, la instrucción ha tenido un eco político evidente. Al menos cinco seremis estarían evaluando una eventual candidatura parlamentaria: Erick Solo de Zaldívar (Economía, FA), Marta Carvajal (Desarrollo Social, PC), Valentina Pradenas (Gobierno, FA), Antonio Arriagada (Agricultura, PS) y Antonio Marchant (Vivienda, PC). Todos nombres que, por lo demás, han tenido visibilidad y reconocimiento en sus respectivas carteras.
Lo complejo de esta situación es que la renuncia no solo aplica a quienes ya tomaron una decisión formal (como la exseremi de Cultura Scarlet Hidalgo, candidata a diputada por el PPD), sino también a quienes realicen “actividades tendientes a ello”, un criterio amplio definido por la Contraloría y que abre un terreno incierto, tanto para las autoridades con aspiraciones parlamentarias, como para los partidos que las respaldan.
En medio de un calendario electoral que avanza (las inscripciones de candidaturas vencen el 18 de agosto), los partidos del oficialismo siguen sin cerrar pactos ni definir en qué distritos concentrarán sus fuerzas. Ñuble, sin duda, será uno de ellos. La región tiene liderazgos emergentes que ven en esta elección una oportunidad real de ascenso político.
En tiempos de desafección ciudadana y baja confianza en las instituciones, el comportamiento de los servidores públicos adquiere una dimensión aún mayor. La ciudadanía espera transparencia, consecuencia y una clara separación entre la función pública y la política partidaria. No basta con cumplir la ley: también hay que cuidar las formas.
Y es que en cada elección, inevitablemente, reaparecen las denuncias de intervencionismo. Parlamentarios que buscan la reelección utilizando a sus asesores territoriales –pagados con asignaciones del Congreso– como operadores de campaña. Candidatos que inauguran obras o encabezan actividades financiadas por el Estado. La delgada línea entre gestión y campaña se cruza con demasiada facilidad.
En ese contexto, la Circular N°32 no es un capricho burocrático, sino una señal de alerta. Un recordatorio de que el servicio público no puede ser trampolín para el poder, sino una vocación regida por la imparcialidad y la ética.
