Lavarse las manos con frecuencia es una de las principales recomendaciones para prevenir el coronavirus. Pero en Brasil, donde 35 millones de personas carecen de agua potable, ese gesto no es tan fácil de cumplir.
Sin contar con que 100 millones, de los 212 millones de brasileños, viven sin sistema de alcantarillado y sus aguas residuales se vierten sin tratar en la calle o en ríos, lagos y mares.
Un déficit histórico de saneamiento básico, con graves daños para la salud y el medio ambiente, que la principal economía latinoamericana pretende reparar de aquí a 2033 con un controvertida ley promulgada por el presidente Jair Bolsonaro, que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y alcantarillado.
A 15 kilómetros del presidencial Palacio de Planalto, en Brasilia, muchos de los cerca de 16.000 habitantes de la comunidad de Santa Luzia extraen clandestinamente el agua de la red pública.
“Ahora más que nunca, es el agua o la vida”, explica a la AFP Poliana Feitosa, una vecina de 32 años, mientras muestra un tanque soterrado en el portal de su casa de este asentamiento irregular de precarias viviendas de ladrillo hueco, madera y techos de zinc.
La sensación de carencia se agudizó con la pandemia, que en Brasil ya dejó casi tres millones de infectados y se acerca a las 100.000 muertes.
“¿Cómo quieren que haga? Queremos vivir con dignidad, tener servicios básicos y pagar por ellos”, dice la mujer.
Poliana Feitosa está, pese a todo, entre quienes tienen suerte, porque el agua le llega con cierta intensidad y frecuencia a través de un caño conectado por su marido a una tubería de la red de distribución. Muchos otros usan agua no tratada de pozos artesanales, manantiales o de la lluvia, que acumulan en pequeños depósitos.
De pobres y ricos
También sin sistema de alcantarillado, los vecinos de Santa Luzia, en los alrededores de un antiguo vertedero que cerró hace años, acumulan en agujeros cerrados con hormigón las aguas cloacales, que serán absorbidas por el subsuelo, o se deshacen de ellas a cielo abierto, sobre todo el agua de la ducha y de lavar los platos.
Sus calles de tierra están surcadas por pequeños hilos de agua turbia que a veces generan un fuerte hedor.
En poblaciones sin infraestructura de saneamiento básico, hay un riesgo mayor de contagio, explica a la AFP José David Urbáez, infectólogo del Hospital Regional da Asa Norte, de Brasilia.
“No tener cloacas para aguas servidas, que al final se mezclan con las fuentes de agua limpia, puede vehicular partículas virales que permanecen en el agua”, agrega Urbáez, un médico venezolano instalado en Brasil desde hace décadas.
El Instituto Trata Brasil, una organización de la sociedad civil que promueve el avance del saneamiento básico, recuerda que la falta de alcantarillado también afecta a barrios ricos, como Morumbí en Sao Paulo o Barra de Tijuca en Río de Janeiro.
“La única diferencia es que muchas veces en los barrios ricos no ves dónde se vierten las aguas residuales”, explica a la AFP su presidente, Edison Carlos.
“Muchas veces el propio edificio hace una fosa y la conecta con una tubería a un río o un lago. Para los vecinos parece que está todo bien, pero para el medio ambiente no. Hay contaminación 24 horas por día en la naturaleza, porque las aguas residuales no paran”, agrega.
Público vs privado
Edison Carlos explica que el déficit “histórico” de saneamiento básico es consecuencia de la falta de inversión en planeamiento urbano, de la indiferencia de los gobiernos de turno y de la mala gestión, la corrupción, el nepotismo y la dramática situación financiera de las empresas públicas.
“En Brasil, el 38% del agua potable se pierde antes de llegar a las casas, por filtraciones por tuberías en mal estado, robos, medidores muy antiguos”, lamenta.
El Nuevo Marco de Saneamiento, sancionado en julio por Bolsonaro, prevé llevar agua potable al 99% de los brasileños y alcantarillado al 90%, para lo cual se necesitarán 700 billones de reales (unos 130.000 millones de dólares).
Un gigantesco pastel del que podrán participar las empresas privadas, algo que genera resistencia entre quienes ven en la privatización potenciales daños a los consumidores.
Y que promete ser, especialmente en estos tiempos de pandemia, un asunto clave en las elecciones municipales de noviembre, vistas por muchos como un plebiscito de mitad mandato de Bolsonaro.
