Desde su creación en 2002, la Defensoría Penal Pública siempre ha estado en contra de que haya personas privadas de libertad, argumentando no solo temas de cumplimientos de meta, sino un hecho que cada día que pasa no ha hecho más que darles la razón: “la rehabilitación social es imposible en las actuales condiciones”.
Y tal axioma lo reiteró el defensor regional de Ñuble, Marco Montero, en la pasaa cuenta pública de su gestión en Ñuble el año 2024, ocasión en la que insistió en otra sentencia tan cierta como impopular: la puerta giratoria no existe.
“El número de personas que permanece privada de libertad es mayor. También hemos expresado los riesgos y costos personales muchas veces, irreparables, que tienen para quienes, luego de estar privado de libertad, terminan libres al ser absueltos de todos los cargos, sobreseídos definitivamente o bien, por decisión de la fiscalía de no perseverar en sus casos”, remarca el abogado.
Es en este punto en que el defensor apunta a la cárcel de Chillán, no solo apelando a la necesidad de retirarla del centro, sino a que como modelo estructural y administrativo representa un sistema obsoleto, que lejos de entregar posibilidades de reinserción social, genera tantos estragos en quienes ingresan que, finalmente, se genera el efecto contrario.
Montero dice que “los recursos no solo deben estar destinados a la custodia y vigilancia del penado. Y en este sentido, el respeto por algo tan básico como la dignidad de toda persona se vulnera gravemente cuando las condiciones de infraestructura y habitabilidad se precarizan al punto que terminamos normalizando situaciones que no son acordes a un trato humano y digno”.
De esta manera, sostiene que para la DPP la construcción de una nueva cárcel “es urgente e indispensable, ya que las condiciones actuales de infraestructura y habitabilidad hacen muy complejo llevar adelante cualquier programa de rehabilitación o reinserción social. Ello, sin considerar que el número de internos que habitan en este recinto es cada vez más alto y supera con creces la capacidad para la que fue originalmente diseñado, lo que deriva en sobrepoblación y problemas de hacinamiento y mayor contagio criminógeno”.
Se suma a quienes buscan desterrar el mito respecto a los supuestos peligros que una cárcel genera en su entorno, amparado en los casos nacionales que confirman que ninguna nueva cárcel construida generó un alza de delitos en su entorno.
“En nuestro país existen varios recintos penitenciarios ubicados fuera de los limites urbanos de ciudades y no por ello se tornan menos seguros. Para ello se consideran en su diseño medidas preventivas y de contención adecuadas y que son efectivas. Desde la defensoría creemos y respaldamos la decisión de la autoridad regional en avanzar y no seguir dilatando por más tiempo esta urgente necesidad de contar con un nuevo recinto penitenciario en la región”.
Esto en un contexto de oposición vecinal, e incluso del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, a instalar la cárcel de Chillán en el predio propuesto por Justicia, en la zona de Quilmo.
Las cifras de la cuenta pública
El defensor regional se ha mostrado crítico a la facilidad con año a año los tribunales penales resuelven decretando cautelares de prisión preventiva.
Para él, hay una “errada noción de que si una persona no queda en prisión preventiva es sinónimo de impunidad, lo que no es así, transformándola en una pena anticipada”.
Destaca que para una red de cárceles que no admite más de mil internos en total, solo en 2024 “635 personas estuvieron bajo prisión preventiva en Ñuble, de las cuales 42 fueron finalmente absueltas, sobreseídas o no se perseveró en la investigación”.
Por último, constató que lejos de ser una región criminalizada, la mayoría de los delitos que ha generado causas penales en Ñuble son por violencia intrafamiliar, mientras que “un 19,1% corresponde a delitos de amenazas, un 16,3% a lesiones y un 11,5% por Ley de Tránsito
