El 21 de octubre de 2019 resultó ser una fecha icónica para la historia del fenómeno social que marcó tensas jornadas en Chillán, por quienes demandan cambios radicales en el sistema de Gobierno y económico del país y las policías.
Esa tarde, Carlos Concha Vergara, de 18 años, quien se encontraba sentado en las gradas de la Catedral de Chillán, fue detenido por un piquete de Carabineros quienes lo acusaron de ser el propietario de una mochila encontrada a un costado del edificio eclesiástico, con seis botellas tipo molotov. Tras ser formalizado, quedó en prisión preventiva.
La resolución judicial generó un gran descontento en la comunidad, lo que incluso derivó en manifestaciones contra Carabineros, a quienes acusaron de haber establecido un montaje.
“Fueron momentos muy difíciles de llevar, es una sensación que hace que se te vengan los peores pensamientos”, dice Carlos, padre del joven estudiante, quien dos semanas después, abandonó la cárcel, gracias a que el abogado Antonio Guerra, lograra revocar tal medida cautelar en la Corte de Apelaciones.
Hoy, el joven cumple con la cautelar de arresto domiciliario total, medida que también será revisada esta semana entrante en la Corte de Apelaciones.
“Mire, nos empezamos a calmar un poco cuando él nos decía que en la cárcel todos lo trataban bien, desde los otros reos hasta los mismos gendarmes. Pero también fue fundamental el que el abogado se comunicara todo el tiempo con nosotros. Siempre nos atendía y lo veíamos preocupado, y eso es lo que te calma”, repasa.
Más de la mitad absueltos
Lo cierto es que preso o solo formalizado en libertad, constituyen situaciones complejas de sobrellevar, lo que se advirtió además, en el juicio por Fraude al Fisco en la Municipalidad de Chillán Viejo, en la que muchos de los imputados (finalmente absueltos todos) acudieron a medicamentos y tratamientos sicológicos para sobrellevar el proceso.Otros, en cambio, debieron pasar meses en prisión para que se llegara a un juicio, que resultó ser absolutorio y sin que nunca más, nadie respondiera por el daño causado.
Para conocer el desempeño de la Defensoría Penal Pública (DPP) de la Región de Ñuble, al menos en términos de resultados, basta con revisar las estadísticas finales en materia de juicios orales durante el 2019.
Más del 51,8% de los juicios en los que participó la DPP como representante de los acusados terminó con fallos absolutorios en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán.
“Y esa cifra nos pone sobre la media nacional”, dice el defensor regional, Marco Montero quien participó de una jornada de reuniones de todas las direcciones nacionales de esta entidad, que se desarrolló en la ciudad de Rancagua.
Estar en todo el proceso
En la cita se revisó una variedad de temas entre las que las consecuencias y aprendizajes que dejó la dinámica vivida en los Juzgados de Garantía del país tras el llamado “estallido social” fue fundamental para entender lo que será el lado cualitativo del desempeño de la DPP.
El fenómeno fue inesperado e inédito para todos en Chile, y para la Defensoría no fue distinto. Una de las primeras decisiones que se tomó a nivel nacional fue la de “designar a un abogado defensor para que visitara los cuarteles y comisarías con el fin de entrevistarse con los detenidos, de esa manera velar ya no s o l o por sus garantías en un proceso judicial ya formalizado, sino que de todos sus otros derechos fundamentales, desde el momento en que se le imputa un delito”, precisa el defensor regional.
Esas visitas, serán en adelante -conforme a lo acordado en la reunión de Rancagua- parte de la rutina de los defensores públicos, independiente del contexto o tipo de delito que se le impute a cualquier persona a quien se arreste por algún delito, y deba permanecer en un calabozo hasta que se realice una audiencia de control de detención.
Si a esto se suma, que cada vez hay más menores y más mujeres detenidas en Ñuble (y en el país) se entiende que “lo que ahora nos ocupa es darle un enfoque más humano a nuestro trabajo, velar aún más por los derechos fundamentales de las personas. Es por eso que debemos ocuparnos de todo el proceso por el que pasa una persona desde que es detenida hasta que concluye su causa en los tribunales”, explica Montero.
De hecho, de las 8.604 causas que ingresaron a la DPP Ñuble, en 2019, 1 . 545 correspondieron a mujeres y 576 fueron menores de edad.
Además, hubo 59 imputados extranjeros, cifra que si bien es baja, resulta casi inédita para el historial estadís ti c o de Ñuble. U n Ñuble que está enfrentando paulatinamente nuevas formas de entender la defensa judicial de sus habitantes.
Siempre en cifras de esta región, calificada como “tranquila” por el defensor regional , se destaca que las causas más litigadas fueron las de lesiones con 2.011 causas.
Por delitos asociados a ley de Tránsito, hubo 1.484; delitos contra la libertad e intimidad de las personas, 1.405.
Luego, los hurtos (966), delitos contra la propiedad (734), casos de droga (536) y robos violentos (462).
