La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, una iniciativa que busca garantizar representación judicial gratuita y acompañamiento integral para quienes han sufrido delitos violentos.
El nuevo organismo -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial e integrará la atención a víctimas de delitos, priorizando los casos más graves como homicidios, secuestros, delitos sexuales, robos con violencia y femicidios.
El jefe de bancada de Renovación Nacional y diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, resaltó la aprobación del proyecto presentado originalmente por el exPresidente, Sebastián Piñera.
“La Defensoría de las Víctimas es un avance histórico en la protección y acompañamiento de quienes han sufrido delitos. Por demasiado tiempo, las víctimas se han sentido solas frente a un sistema que muchas veces privilegia al victimario. Con esta nueva institucionalidad, el Estado comienza a saldar una deuda pendiente”, afirmó.
Sauerbaum agregó que la medida “termina con la aberración de que solo los delincuentes tengan abogados financiados por todos los chilenos y las víctimas estén abandonadas por el Estado”. A su juicio, la aprobación unánime del proyecto demuestra que “las víctimas no tienen color político y merecen el mismo apoyo que quienes las agreden”.
Lenta implementación
Desde la UDI, los diputados Marta Bravo y Cristóbal Martínez calificaron la nueva ley como “un anhelo de décadas” y destacaron que representa “un avance trascendental en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país”.
Ambos parlamentarios recordaron también que la iniciativa fue ingresada durante el segundo gobierno de Piñera, y luego retomada por la actual administración bajo el acuerdo legislativo “fast-track”.
El nuevo servicio unificará las funciones de las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Programa de Apoyo a Víctimas y los Centros de Atención Integral, incorporando también apoyo psicológico y social.
Sin embargo, expresaron su preocupación por los plazos de implementación. Según la ley, la puesta en marcha será gradual y podría tardar hasta cuatro años en llegar a Ñuble.
“Es inentendible que la región más pobre del país y con el desempleo más alto sea una de las últimas en contar con la Defensoría de las Víctimas. Vamos a exigir que ese plazo se adelante”, advirtieron Bravo y Martínez.
La nueva institucionalidad fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, consolidando un paso clave en el fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas afectadas por delitos graves. Su creación fue ampliamente valorada por el oficialismo y la oposición, que coincidieron en que se trata de una deuda histórica con las víctimas.
