Luego que la Corte de Apelaciones resolviera, a inicio de esta semana, que los litigios por el llamado caso led debían volver al Juzgado de Garantía de San Carlos, tribunal que había declarado su incompetencia para conocer esta materia, en el mes de octubre, las defensas de los imputados no escondieron su disconformidad.
Sin embargo, albergan la esperanza que finalmente sea el 8vo Juzgado de Garantía de Providencia el que se quede con la causa, por dos razones.
La primera es que este próximo viernes, 4 de diciembre, hay una audiencia en ese juzgado santiaguino, a solicitud de los abogado de la propia empresa Itelecom, que a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, comenzó a ser investigada como persona jurídica, por los delitos de soborno que forman parte de las indagaciones que hace el Ministerio Público.
En ella, se pedirá al tribunal que declare su competencia, toda vez que conforme a lo declarado por el imputado Marcelo Lefort, el primer hecho delictual (principio de ejecución del delito) ocurrió en 2018 en las oficinas de la empresa, en Providencia.
Y en segundo término, “porque la resolución dice claramente -por el momento-”, advierte el abogado Giovanni Gotelli, quien asumió la defensa del imputado Marcelo Campos, exasesor jurídico del municipio de Chillán.
Gotelli insiste en que “esta resolución se hace debido a la incapacidad que ha tenido el Ministerio Público de explicar cuándo y dónde se cometió el primer delito, por lo que no son capaces de establecer el principio de ejecución, y de esa manera es imposible declarar la competencia de un tribunal”.
De esta manera, para el defensor de Campos, “lo que ocurrió acá es que la Corte de Apelaciones se vio en la obligación de designar a uno de los dos tribunales que podían tener algo que ver con la causa (el otro era Chillán) y así solucionar un problema gravísimo para todos, menos para la Fiscalía, que es el no tener un juzgado designado”.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, plantea que “no es que el Ministerio Público no se encuentre en condiciones de establecer el lugar de comisión del delito. Yo creo que sí lo saben, pero no lo han hecho público, porque claramente eso es algo que le ayuda a su estrategia”.
Tanto Gotelli como Manríquez sostienen que el delito se cometió en agosto de 2018, con base en la declaración voluntaria prestada por Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, al Ministerio Público, en la que admitía haber ofrecido sobornos a Campos, en su oficina ubicada en Providencia.
Tal soborno consistiría en 6 mil pesos por cada luminaria instalada, una vez que Itelecom se adjudicara la licitación con la ayuda e intervención suya.
De ser así, la fecha asoma como clave, ya que se trataría de un delito cometido antes de que se modificara la ley anticorrupción vigente (Ley 21.121 del 20 de noviembre de 2018), y con eso “ya no habría razón alguna para mantener a los imputados en prisión preventiva, ya que ese supuesto delito, de haber existido, se comete entonces, cuando los delitos como sobornos, cohecho o violación de secreto tenían una pena mucho más baja que la que tiene ahora, con la ley vigente”, aclara Gotelli.
Podría llegar a la Suprema
Respecto a la audiencia que tendrá lugar este viernes en el 8vo Juzgado de Garantía de Providencia, lo que resuelva el tribunal podría generar un debate jurídico que significaría la intervención de la Corte Suprema.
Esto, porque en caso que la magistratura resuelva que el tribunal de Providencia es competente para conocer la causa, “se generaría una disputa, no con la Corte de Apelaciones de Chillán, sino entre el juzgado de Providencia y el de San Carlos, por ver quién se queda con la causa”, advierte el abogado Manríquez.
El jurista añade que “en ese caso, quien tendría que resolver en cuál juzgado se sigue adelante con la causa, es la Corte Suprema”.
Desde la parte persecutora, el abogado querellante, Remberto Valdés, asegura que “esto ya está resuelto y por una entidad superior como la Corte de Apelaciones de Chillán, que jerárquicamente es superior a cualquier juzgado de Garantía del país y cuando una instancia superior toma una decisión, las instancias inferiores tienen que acatar, les guste o no les guste”.
Secreto de investigación
Pese a que el monto de lo licitado en Chillán para el recambio de luminarias led era superior a los $3.970 millones, se estima que el Ministerio Público investiga defraudaciones por sobre los $47 mil millones a nivel nacional.
Hay 17 imputados en prisión preventiva desde el 9 de mayo, entre estos dos funcionarios municipales de Chillán, Iquique y el empresario Marcelo Lefort.
Desde entonces, la Fiscalía Regional ha conseguido que se decrete el secreto de la investigación en dos oportunidades, por lo que los detalles de la investigación se conocerían recién en el mes de enero de 2021, siempre y cuando la fiscalía no pida más plazo.
