Pasadas las 21.30 horas del miércoles 11 de marzo, poco después de asumir la Presidencia, José Antonio Kast firmó seis decretos e instructivos que marcaron el tono inicial de su administración.
Las medidas -centradas en control migratorio, seguridad, auditoría al Estado y agilización de permisos- fueron presentadas como el primer paso del denominado “Gobierno de Emergencia”, el marco político y programático con que el Mandatario pretende enfrentar lo que considera las principales crisis del país.
La forma en que se adoptaron -por medio de decretos e instructivos presidenciales- abrió de inmediato un debate político: si el Ejecutivo privilegiará decisiones administrativas rápidas por sobre la tramitación legislativa en el Congreso. Una señal que no pasó inadvertida, considerando que durante la campaña Kast llegó a afirmar que “el Congreso no es tan importante como parece”, frase que hoy vuelve a circular en el análisis político.
El conjunto de medidas abarca seis áreas clave. La primera corresponde a una política nacional de cierre fronterizo que contempla la delimitación del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para declararlo formalmente como Zona Militar de control. La iniciativa, que se implementará en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, prevé incrementar la presencia militar, mejorar la vigilancia con drones y sensores optrónicos, y reforzar las comunicaciones críticas en la frontera.
El segundo decreto designa al vicealmirante (r) Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte. El cargo dependerá del Ministerio del Interior y tendrá un rol articulador con delegaciones presidenciales, ministerios y fuerzas armadas para coordinar la implementación del plan migratorio y la persecución de delitos transnacionales en la zona fronteriza.
A ello se suma la creación de una fuerza de tarea para la auditoría interna del Estado, encabezada por las subsecretarías de Interior, Hacienda y Segpres. El objetivo es detectar irregularidades en el uso de recursos públicos y reportarlas directamente al Presidente, bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad administrativa.
Otra de las medidas apunta a destrabar proyectos de inversión. A través de una instrucción presidencial, el gobierno ordenó resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada pero con trámites administrativos atrasados. Según el Ejecutivo, estas demoras mantienen bloqueadas inversiones por más de 16 mil millones de dólares.
En paralelo, Kast firmó el decreto que designa al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de la reconstrucción tras los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Hasta ahora, esta función recaía en el Ministerio de Desarrollo Social. El comité que liderará el Minvu deberá coordinar la reconstrucción habitacional y urbana, además de informar periódicamente los avances al Mandatario.
Finalmente, el sexto instructivo puso en marcha el denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas de campaña del Presidente. La estrategia contempla cuatro ejes: protección fronteriza, integración institucional entre ministerios, modernización tecnológica y aplicación estricta del Estado de derecho. En la práctica, considera zanjas, cercos, torres de vigilancia y centros de internación para inmigrantes irregulares, además del despliegue permanente de cerca de tres mil efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros en los pasos críticos del norte.
Las medidas reflejan el estilo que Kast anticipó durante su campaña: decisiones rápidas y focalizadas en seguridad, migración y crecimiento económico. Sin embargo, también reactivaron la discusión sobre los límites del llamado “decretismo” y el equilibrio entre las facultades del Ejecutivo y el rol del Congreso.
“Ordenar la casa”
Desde el oficialismo, el senador por Ñuble Gustavo Sanhueza (UDI) defendió el uso de herramientas administrativas para acelerar la gestión del Estado.
“No se trata de preferir lo uno o lo otro. Lo que busca el Presidente Kast es conciliar ambos poderes bajo la óptica de un estándar de mayor eficiencia en el Estado, luego de un gobierno que quedó muy al debe en gestión. Es insostenible, por ejemplo, que tengamos inversiones por más de 16 mil millones de dólares entrampadas en la burocracia estatal. Eso no se soluciona con una ley, porque las instituciones y las normas están claras y funcionando plenamente para agilizar esos trámites. El problema es que no ha existido en los últimos años la proactividad para que el país crezca y genere empleos”, afirmó.
El parlamentario añadió que el equilibrio institucional seguirá operando. “Las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo están contempladas en la Constitución, y ese equilibrio seguirá funcionando por el bien de la democracia. Un ejemplo concreto es que el Ministerio de Hacienda, a través de un instructivo, reducirá el gasto de todas las reparticiones públicas en un 3%; y casi al mismo tiempo, despachará en las próximas semanas el proyecto de ley que rebaja el impuesto corporativo a las empresas. Se deben conciliar las medidas administrativas y legislativas en un contexto de emergencia. El contexto y las prioridades del Chile actual, exigen medidas prácticas y urgentes. Éste no será un gobierno con la carga ideológica o las utopías del anterior. Será un gobierno que trabajará sobre el terreno de la realidad y sobre la base de las necesidades concretas de los chilenos”, expresó
Una postura similar expresó el diputado RN Carlos Chandía, quien valoró el uso de decretos como herramienta de gestión administrativa.
“Todas las organizaciones públicas se mueven mediante decretos. Lo digo porque en la municipalidad era exactamente lo mismo. Entonces, los decretos son básicamente para ordenar un poco la casa, y ver cómo funciona el sistema, pero son básicamente para ordenar. Así que no tengo ningún inconveniente con que esos decretos, efectivamente, hagan funcionar al Estado y se cumplan los objetivos que pretende el Presidente de la República”, sostuvo.
Agregó que no cree que el Congreso vaya a perder protagonismo. “No, por supuesto que no. Además que estamos ahí para colaborar, para levantar Chile, y los decretos puntuales que firmó el Presidente me imagino que van a venir más en el ámbito de la frontera, seguridad, y gasto público. Creo que van a venir muchos más, pero lo que firmó era urgente, el tema de las fronteras era demasiado urgente. Así que estoy plenamente apoyando su gestión en eso, porque creo que es necesario marcar un poco el territorio”, manifestó.
En tanto, la diputada Sara Concha (PSC) defendió las decisiones iniciales del Mandatario y rechazó que puedan interpretarse como un intento de debilitar al Parlamento.
“Los decretos firmados por el Presidente a pocas horas de haber asumido no son más que acciones necesarias para dar el puntapié inicial a las medidas comprometidas y comenzar a implementar este Gobierno de Emergencia, que busca hacerse cargo del abandono que por años han sentido miles de chilenos. Es importante aclarar que en Chile existen poderes del Estado independientes, por lo tanto es imposible ‘saltarse’ al Congreso. Los decretos están dentro de las facultades legales del Ejecutivo y no reemplazan la labor legislativa. No se debe instalar la idea de que ejercer atribuciones Presidenciales implica debilitar al Parlamento”, mencionó.
“No se debe caer en tentaciones autoritarias”
Desde la oposición, en cambio, surgieron advertencias respecto de los límites institucionales del uso de decretos.
La senadora PPD Loreto Carvajal recalcó que las facultades administrativas no pueden reemplazar el debate legislativo.
“En Chile hay un espacio para la ejecución de las políticas que deben realizar los gobiernos y que el ámbito administrativo permite esa posibilidad, pero no se pueden reemplazar ni cambiar el sentido de las leyes. Cuestión que de ocurrir sería observado por la Contraloría en su rol fiscalizador. La vida en democracia exige ‘pasar por el Congreso’, y espero que en Chile siga siendo una característica transversal y este gobierno no caiga en ‘tentaciones autoritarias’”, aseveró.
Añadió que sería un error político mayúsculo querer hacerle un baipás al Congreso.” “El decretismo tiene límites institucionales y espero que hayan aprendido la lección de Presidente Trump con los aranceles que revirtió la Corte Suprema de EE.UU., porque señaló que era materia de ley; por tanto, la gestión de gobierno es una mezcla de cuestiones administrativas y legislativas, en que deben construirse acuerdos en el Congreso”, afirmó.
El diputado socialista, Francisco Crisóstomo, también cuestionó el alcance de los decretos y la forma en que se anunciaron.
“Los decretos sobre seguridad, reconstrucción y auditorías conocidos a través de las redes sociales generan dudas. La ciudadanía merece conocer sus reales alcances. Es sospechoso que para llevar a cabo una auditoría al Estado no se recurra a la Contraloría o a una empresa contratada a través de una licitación, sino que a un grupo de funcionarios de confianza de diferentes ministerios. Con decretos administrativos no se gobierna, el país requiere cambios, y para eso está el Congreso, y para administrar justicia está el poder judicial”, explicitó.
En una posición intermedia se ubicó el diputado independiente-DC Felipe Camaño, quien planteó que el uso de decretos puede justificarse en ciertos contextos, pero no debiera transformarse en práctica permanente.
“No seré yo quien le diga al Presidente Kast cómo debe hacer o no las cosas. Me parece que el uso de decretos se da en situaciones complejas, como son materias de Seguridad Pública o defensa de las fronteras del país. Si se justifica hacerlo, no hay problemas; pero si se llega a convertir en una práctica recurrente que salta la acción del Congreso, no le quepa ninguna duda que seré el primero en criticar ese tipo de acciones. Insisto en la necesidad de dialogar y construir acuerdos, porque el barco avanza más rápido si todos remamos para el mismo lado”, precisó.
