A poco más de tres semanas que asuman los gobernadores regionales, la cohabitación que deberán enfrentar estas nuevas autoridades con el delegado Presidencial regional sigue sumando incertidumbre, principalmente, por los resabios de centralismo que encarna el representante del Presidente en el territorio.
Hace unos días, los electos gobernadores se reunieron con la Presidenta del Senado para solicitarle que se enviara un proyecto de ley que les permitiera ocupar las actuales dependencias de los intendentes, algo que en algunas regiones no está aún claro.
Según la autoridad electa en Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien se ha estado reuniendo con el intendente, Cristóbal Jardúa, para coordinar el proceso de instalación, “esto tiene un simbolismo que es tremendamente importante”.
El intendente y casi seguro delegado Presidencial a partir de mediados de julio, Cristóbal Jardúa, afirmó que “estamos coordinando en conjunto con Óscar Crisóstomo el traspaso de funciones, porque entendemos que el trabajo en conjunto es clave para el desarrollo de nuestra región. Hoy hicimos un recorrido por parte de las instalaciones del Gobierno Regional, oportunidad en la que le presenté a algunos funcionarios que trabajan en este lugar, y también analizamos las opciones que tenemos para realizar la ceremonia del traspaso”, afirmó.
Máxima autoridad
Como antesala al cambio de gobiernos regionales que se vivirá el próximo 14 de julio, a fines de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial la modificación al decreto supremo Nº 171 de 2016 que aprueba el Reglamento de Ceremonial Público y Protocolo de Estado.
En él se establece que para todas las actividades públicas antecederá en los vocativos al delegado Presidencial el gobernador regional, estableciendo de esta manera, desde el punto de vista protocolar, su carácter de máxima autoridad del territorio, algo que sin duda, marcará el inicio de la relación entre ambos cargos.
¿Suprimir al delegado?
Según la politóloga y académica de la UdeC, Jeanne Simon, los eventuales conflictos entre gobernador y delegado podrían surgir precisamente porque “el representante del Presidente (en algunos casos, el actual intendente), podría sentir que todavía es la principal autoridad de la región, mientras que solo será un representante del Presidente, encargado principalmente de mantener el orden y la coordinación con los otros organismos del poder central en el territorio”.
Simon recalcó que “hay que trabajar para fortalecer la figura de un gobernador regional con mayores atribuciones y recursos financieros. No obstante, por ahora, prefiero que concentre sus labores en temas de desarrollo regional por sobre la mantención del orden, por ejemplo. Por lo mismo, no veo la urgencia para eliminar la figura de delegado presidencial”, advirtió, en alusión a la propuesta de algunos, en el marco del proceso constituyente, de acabar con la figura del representante del poder central.
Desde la Agrupación Ñuble Transversal, su presidente, Claudio Martínez, planteó que “la cohabitación entre el gobernador y el delegado puede eventualmente generar tensiones si no se tiene una mirada amplia respecto de las necesidades de la región. En un régimen excesivamente presidencialista como el nuestro, la figura de una autoridad como es el delegado Presidencial, que no solo tiene a su cargo el orden público sino una función de ‘vigilancia’ de la labor de los seremis, que también son designados por el Presidente; pudiera eventualmente significar una dificultad si no se pone por delante el interés general de la región”, advirtió.
Agregó que “la sociedad civil debe estar vigilante para que esto ocurra”, relevando el alto valor simbólico que tiene el hecho que los gobernadores ocupen las actuales dependencias de los intendentes.
Respecto de terminar con la figura del delegado presidencial, sostuvo, “creo que primero hay que hacer una marcha blanca de esta etapa, para evaluar con la casuística a la vista, el fortalecimiento de la descentralización. Probablemente con el tiempo se haga innecesaria esa figura”, aseveró.
