La magistrado Claudia Silva, del Juzgado de Garantía de Bulnes, acogió la solicitud del Ministerio Público que pidió la medida cautelar de prisión preventiva en contra del alcalde de la comuna de San Ignacio, César Figueroa, y la de su director municipal de Salud, Krysler Monroy, por sus presuntas participaciones en hechos de soborno, cohecho y fraude al fisco, en el marco de las licitaciones para asesorías en contrataciones de cuentas corrientes para las arcas municipales.
Asesorías que en este caso quedaron encargadas a la empresa Gestión Global, de propiedad del empresario y exempleado público, Rodrigo Carmona, quien al igual que su colaborador, el exconcejal de Chillán y exdirector de la Injuv Biobío, Rodrigo Sandoval, fueron formalizados por los mismos delitos, quedando ambos en prisión preventiva.
Los cuatro fueron detenidos el pasado viernes, por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Chillán, junto a Edgardo Suazo, jefe de gabinete del alcalde Figueroa; y al jefe de la dirección de Finanzas, Hugo Troncoso.
Además, la causa sumó en la tarde del lunes a un nuevo imputado. Se trata del jefe de Administración de la Dirección de Administración Municipal de Ñiquén, Carlos Fernández Aedo, a quien se le controló su detención a inicios de esta audiencia, declarándose legal.
La suya, es el resultado de una investigación paralela a la de la municipalidad de San Ignacio, por el mismo tipo de ilícitos y en los que se repiten nombres como los de Rodrigo Carmona el de Rodrigo Sandoval.
A Fernández, la fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario total, “sin embargo nos hicimos cargo de las alegaciones, obteniendo un arresto domiciliario parcial, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la municipalidad y a los co-imputados, lo que fue acogido por el tribunal”, explicó el defensor penal público, Sergio Muñoz, quien representó a Fernández, en esta etapa procesal.
El abogado afirmó que sobre Fernández, los persecutores cuenta con grabaciones telefónicas, seguimiento de las policías, conversaciones de whatsapp, que a grandes rasgos son parte de la carga probatoria declarada ayer por la Fiscalía, que también pesan sobre los otros dos imputados por la arista de San Ignacio, quienes quedaron con medidas cautelares de menor intensidad que la prisión preventiva.
Se trata del jefe de Finanzas del municipio, Hugo Bastián Troncoso, a quien se le prohibió salir del país, acercarse a la Municipalidad y firma mensual en Carabineros; y del jefe de gabinete del municipio, Edgardo Suazo.
La abogada penal pública, Laura Kuncar, representante de éste último, apuntó que “se decretó en su contra el arresto domiciliario total, ya que se abrió debate de inmediato por todos aquellos imputados por los que no se iba a pedir la prisión preventiva. Mi representado tenía irreprochable conducta anterior y se le imputaron delitos de cohecho y de fraude al fisco”.
Imputaciones y roles
Conforme a los antecedentes revelados ante el tribunal, el modelo de defraudación supone a Rodrigo Carmona ofreciendo pagos iniciales por cerca de 5 millones de pesos a funcionarios municipales de alto rango para que ellos instalaran en el concejo la necesidad de licitar las cuentas corrientes del consistorio.
Una vez que se acordaba seguir adelante con la idea, les entregaba un modelo de bases para licitar las asesorías, de manera tal que siempre fuera Gestión Global la que se adjudicara el llamado, plan que le rendía ganancias que se estiman en más de $50 millones mensuales a Carmona.
En este escenario como contexto, la fiscal Nadia Espinoza investiga a César Figueroa Betancourt, alcalde del municipio de San Ignacio, por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos; al director de Salud del mismo municipio de San Ignacio, Krysler Monroy Castillo, fue formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco.
A Rodrigo Carmona Olivares, se le investiga por cuatro hechos de sobornos, estafa frustrada y violación de secretos.
Mientras que a Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador del empresario, se le formalizó por tres sobornos y una estafa frustrada.
Los cuatro imputados fueron derivados a la cárcel de Chillán y sus defensas cuentan con un plazo de cinco días para apelar respecto a las cautelares.
El juzgado dio un plazo de siete meses para la investigación judicial.
