Dos recursos se vieron el día de ayer, tanto en la Corte de Apelaciones de Chillán, como en el Juzgado de Garantía de San Carlos, respecto a la situación procesal que aqueja al exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos, quien está imputado por cohecho en el caso led y por delitos de negociación incompatible, en el caso aljibe.
Ambos relacionados con presuntos hechos de corrupción en procesos de contratos al interior del municipio chillanejo y que, de manera colateral, dejaron a la luz nuevos antecedentes respecto al “caso led”, respecto al momento en que el dueño de Itelecom y el exasesor jurídico de la municipalidad se conocieron; el contexto de las conversaciones entre Vallejos y Marcelo Campos, interceptadas por la PDI, y las supuestas influencias que generó el exasesor jurídico en la Subdere para favorecer a la empresa de luces led.
Mientras en el caso de la causa de negociación incompatible, la defensa de Ricardo Vallejos, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, solicitó que se velara que cada vez que el Ministerio Público solicite una audiencia para discutir las medidas cautelares, se cercioren en que a la contraparte le llegue la documentación en condiciones de legibilidad y completas.
Y en el segundo caso -la causa de las irregularidades investigadas por la Fiscalía en el proceso de licitación de luminarias públicas con la empresa Itelecom- se buscaba volver a revisar la medida cautelar que pesa en su contra desde el 9 de mayo de este año, con el fundamento de que esta se sostenía solo por la existencia en paralelo de la “causa pendiente” que supone el caso aljibe.
Mientras que la Corte de Apelaciones dejó la causa en acuerdo, y deberá resolverse en los próximos días; el Juzgado de Garantía de San Carlos confirmó la prisión para Vallejos explicando que la resolución del caso aljibe era materia a discutirse en el Tribunal Oral, y por lo tanto era válido estimarla como “causa pendiente”.
Pese al historial de resoluciones adversas, el abogado Manríquez asegura que en caso de un nuevo fallo contrario a sus aspiraciones, “recurriremos a la Corte de Apelaciones por la confirmación del Juzgado de Garantía; y en caso de una resolución adversa en la Corte de Apelaciones, acudiremos a la Suprema”.
Nuevos antecedentes
Las defensas de la causa Led acusan que recién el lunes les llegó a su correo expost, un décimo tomo de la carpeta de investigación que estuvo en calidad de secreta desde mayo hasta el pasado 14 de diciembre.
Por esta razón, algunos de los abogados dijeron recién estar enterándose de la existencia de una parte de la declaración que hizo Marcelo Lefort ante las fiscales Nayalet Mansilla, Paulina Valdebenito y personal de la PDI, en Santiago.
Es de estas declaraciones que se desprende, por ejemplo, que Lefort y el entonces asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos, se conocieron en el contexto de un asado realizado en las Termas de Chillán, presumiblemente presentados por un conocido en común, quien estaría al tanto de que Lefort buscaba un enlace en Chillán que le permitiera acceso competitivo al proceso de licitación para el recambio de luminarias led en la capital regional.
Luego de ganar la licitación, Lefort explica que coordinó una reunión con Campos para pagar la primera parte de las comisiones que había acordado con él: 6 mil pesos por luminaria.
“Lo que totalizaba 74 millones de pesos y fracción. Por ende, procedí a hacerle un primer pago por 37 millones de pesos, lo que ocurre con fecha 5 de mayo de 2020, que es el día en que fui detenido por la policía. El otro pago se haría al final del proyecto, 90 días contados desde mediados de mayo donde teníamos planificado iniciar las obras. Entonces el otro pago se haría a mediados de agosto. No estaba asociado a ningún hito importante, solo un acuerdo de confianza”, dice la declaración.
También dice: “entiendo que Campos trabajaba muy intensamente con las personas que preparaban las bases y que podía hacer las modificaciones en las líneas del proyecto y se vio ratificado porque él logró influir internamente primero en el proceso de financiamiento con la Subdere y posteriormente cuando se publican las bases y vienen de la manera en que podíamos competir”.
Finalmente, añade que “nuestra evaluación nos indica que él logró penetrar los aspectos que a nosotros nos interesaban”.
A juicio del abogado Giovanni Gotelli, defensor de Campos, “aquí no hay nada constitutivo de delito, al menos en lo que respecta a supuestas influencias o presiones por parte de Campos para que se optara por Itelecom. Lo único que hizo mi representado fue asesorar, como correspondía a su cargo, a las personas que toman las decisiones, para que en esa licitación pudieran participar más empresas y no las mismas dos que siempre ganan en todas partes. Y gracias a eso, participaron 12 en total”.
Respecto al pago de los $37 millones, Gotelli añade que “eso fue lo que recibió a cambio de ayudar a crear un proceso de licitación, no que los favoreciera a ellos directamente, sino que les permitiera participar a ellos y a otras empresas”.
Mientras volvía a Chillán
En lo que respecta a Vallejos, según consta en los pasajes de la carpeta de investigación que han sido presentados en las últimas audiencias en los tribunales en los que se ha discutido cautelares y presentado amparos, se revela que la PDI estableció que la última conversación telefónica interceptada entre Vallejos y Campos, fue cuando este último volvía de Santiago con los $37 millones.
“Para el Ministerio Público es algo relevante, porque le da un contexto especial a la conversación, pero lo cierto es que sigue tratándose solo de conjeturas y nada más que eso. Aquí no hay diálogos cifrados ni mensajes en código, es solo una conversación entre dos personas que se conocen hace mucho tiempo. Es más, en la misma carpeta dice que la policía le atribuye dos significados distintos a esas conversaciones, lo que para nosotros es claro que solo se trata de conjeturas forzadas hechas por la Fiscalía”, concluyó.
