Imágenes de destrucción del mobiliario escolar y rayados en salas de clases del colegio Seminario Padre Hurtado han circulado desde el viernes pasado por redes sociales y por WhatsApp de apoderados.
Los incidentes, protagonizados por alumnos, ocurrieron tras finalizar la tradicional despedida a quienes egresan de cuarto medio, siendo registrados en fotografías y videos que se compartieron rápidamente por diversas plataformas digitales, levantando el debate en la comunidad respecto al actuar desmedido.
Tras lo ocurrido, desde establecimiento efectuaron acciones como contención, evaluación de los daños e identificación de los estudiantes involucrados, por lo que ese viernes se notificó a algunos apoderados respecto de la apertura de procesos de convivencia escolar para abordar el caso, incluyendo la ley de Aula segura y la interposición de la denuncia por los daños causados.
La Discusión contactó al rector del colegio, Rodrigo Navarrete, para consultar sobre el tema, sin embargo, mencionó la posición de la institución a través de un comunicado, el mismo que fue enviado a padres y apoderados ayer martes, el que describe los procedimientos realizados y las medidas adoptadas en el marco de una investigación, que ha acogido nuevos antecedentes surgidos estos días.
“Se ha tomado la decisión de cancelar la ceremonia de Licenciatura de los Cuartos Medios programada para este viernes 17 de noviembre. Esta medida se funda en los siguientes aspectos: La gravedad de los hechos, el alto impacto material, sicológico y emocional a la que se ha expuesto negativamente a la comunidad, nuestro deber de velar por la seguridad física y psicológica, el respeto a los debidos procesos que actualmente se llevan a cabo y la aparición de nuevos antecedentes”, expresaron.
Si bien la medida entre padres y apoderados fue reconocida como acertada y como una sanción disciplinaria para evitar que vuelvan a suceder situaciones de esta índole, otros hicieron reparos planteando que la suspensión de la ceremonia de graduación solo debe ser aplicada a quienes cometieron los daños y alteraron la convivencia escolar, y no al resto de los alumnos de cuarto medio que no tuvieron participación en los actos.
El presidente del Centro de Padres y Apoderados, Claudio Daza, también fue consultado por este caso, sin embargo, se limitó a responder a través de comunicados donde rechazaron el actuar de los involucrados.
“Instamos a todos los padres y apoderados a conversar con sus hijos sobre la importancia de respetar el entorno escolar y a reforzar los valores que promovemos como comunidad. La colaboración entre la institución educativa y las familias es esencial para construir un ambiente educativo positivo y enriquecedor. El compromiso en casa de educar a nuestros hijos desde el amor y la comunicación no es fácil, pero el colegio de alguna forma siempre ha tratando de estar presente entregando las herramientas para aprender”, indicaron.
Asimismo solicitaron a aplicar la cancelación de la ceremonia de licenciatura solo a los estudiantes que incurrieron en los daños y no a la generalidad de quienes cursan cuarto medio.
“El Centro de Apoderados propuso en la reunión posponer la licenciatura para colaborar en la investigación, brindar apoyo sociológico y contención a alumnos afectados indirectamente y facilitar canales de retroalimentación, además de ofrecer ayuda legal y monetaria. Con respecto a nuestra postura reforzamos que el Centro de Padres nunca respaldo la suspensión de la licenciatura para toda la generación 2023. Esta medida perjudicaría a estudiantes que no participaron en los incidentes delictivos o que no estuvieron presentes. Entendemos que la investigación está en curso y no es razonable tomar decisiones antes de su conclusión”, manifestaron.
El Seremi de Educación, César Riquelme, transmitió su apoyo a la comunidad afectada y recordó que cuando ocurren hechos con carácter delictivo existe la obligación de denunciar.
“Señalar que, frente una situación en la cual un establecimiento estime que pueden ser un potencial delito, existe la obligación de, en un plazo máximo de 24 horas, presentar la denuncia ante la Fiscalía. Tengo entendido que efectivamente el Colegio Padre Hurtado lo hizo”, dijo.
Además, la autoridad enfatizó que respeta las medidas adoptadas por la comunidades siempre que éstas se ajusten a derecho.
“Entendemos que siempre las comunidades escolares son las llamadas a tomar las decisiones con respecto a los problemas que las aquejan. Respetamos las decisiones que tomen las comunidades escolares; en el entendido, y siempre y cuando éstas estén dentro del marco del derecho, que son las que conocen de mejor manera las situaciones, las que tienen la información en detalle. Confiamos, también, en la sabiduría de los establecimientos educacionales a la hora de actuar y abordar estas temáticas”, recalcó.
