La insuficiente preparación cívica de los chilenos y chilenos se manifiesta en carencias de información y en errores de criterio que, a menudo, los incapacitan para ejercer con idoneidad las funciones de la ciudadanía.
Así queda demostrado en un reciente estudio de Cepal que muestra cómo este déficit se aprecia en cuestiones básicas, como las que conciernen al papel de los tres poderes del Estado, la forma en que se constituye el Congreso o en lo que respecta a los derechos humanos.
Ese vacío en la educación del ciudadano significa una declinación inquietante en cuanto al rol del colegio como constructor de una sociedad democrática. Desde luego, una misión tan elevada excede el desarrollo de una materia. Es la educación en su conjunto la que debiera estar comprometida, por una parte, a proveer los conceptos centrales y a promover los comportamientos que distinguen el accionar del ciudadano y, por otra, a demostrar en la actividad cotidiana el respeto por las personas y las reglas legales.
La asignatura de educación cívica fue creada en Chile en 1912, para más tarde ser incorporada como contenido en la asignatura de Ciencias Sociales en 1967y se le asignó una tarea específica: hacer conocer la Constitución, sus antecedentes y sus normas fundamentales, entre las cuales se encuentran los derechos y deberes del ciudadano. Lamentablemente, durante la dictadura militar tales derechos fueron prácticamente anulados, repercutiendo para que se produjera un deslizamiento del sentido de esta materia que no ha podido ser corregido, pese a sucesivos intentos legales. El último data de 2016, la Ley 20.911 creó el Plan de Formación Ciudadana y la asignatura de educación ciudadana para Tercero y Cuarto Medio, que ofrece conocimientos filosóficos, históricos, jurídicos y sociológicos, cuyo acento depende en buena medida de las definiciones del sostenedor y de la capacitación o preferencia del docente.
Sin embargo, la experiencia didáctica indica que el aprendizaje de esta disciplina necesita apoyarse en la dimensión práctica. Niños y adolescentes deben aprender a conocer e interpretar las leyes o normas abstractas ante realidades sociales concretas. Así también tienen que apreciar que, una vez sancionadas, las leyes son obligatorias para todos porque todos son iguales ante la ley.
En la escala de lo posible ese aprendizaje se puede ir haciendo a través de las reglas de la vida escolar y de la experiencia del aula, tal como sugiere la Unesco en un texto dedicado a proponer modos de enseñar los derechos humanos. Ahí se destaca la importancia de la práctica de los derechos, tal como los alumnos los perciben en hechos que ocurren en el colegio y en la comunidad, y promover la participación activa de los alumnos en la organización y dirección de ciertas actividades en las que tienen que asumir responsabilidades y solucionar problemas que guardan relación con cuestiones cívicas.
Al margen de lo que ocurre en los establecimientos educacionales, un escollo muy serio en la enseñanza cívica (y también moral) es el contexto de la sociedad y sus instituciones cuando las normas no se cumplen. He ahí un problema central, causado por la conducta y los procedimientos irresponsables de algunas autoridades y políticos que, al omitir el debido respeto por la ley, generan en niños y adolescentes un temprano descreimiento de los contenidos de la formación cívica.
