Señor Director:
Los resultados de la nueva encuesta CEP muestran una situación política inestable. La mejoría marginal en la confianza institucional no corrige la fragilidad del orden público. Las instituciones asociadas al orden público (fuerzas armadas, Policía de Investigaciones y Carabineros) presentan un nivel de apoyo que es cuatro veces el de las instituciones políticas tradicionales (gobierno, Congreso y partidos políticos), y un 27% más que la Convención Constitucional.
En paralelo, una minoría relevante justifica acciones violentas y la mayoría absoluta condena el uso de fuerza estatal. Nada menos que el 50% de la población es contraria a que Carabineros use la fuerza contra un manifestante violento, solo un 11% de la población justifica las barricadas o destrozos y un 6% los saqueos durante las protestas.
Lo anterior es grave, ya que basta con que el 10% de la población que justifica barricadas o destrozos salga a la calle para que todo el contingente de Carabineros se vea sobrepasado por más del doble de manifestantes. Una coordinación que es posible gracias a las redes y a eventos como el terremoto de 2010 o el llamado a la evasión de 2019.
Así, ordenar a policías poco profesionales a usar la fuerza contra los manifestantes es arriesgado e impopular, y no actuar demuestra debilidad y llama a más violencia. Peor aún, las instituciones democráticas no cuentan con suficiente capital político para gastarlo en estas situaciones extremas.
Según Max Weber, un Estado en forma mantiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. La encuesta CEP muestra que el monopolio ha sido herido, y que ni los políticos ni la Convención tienen la confianza popular necesaria para curarlo.
Gonzalo Valdés
Director ejecutivo Centro de Políticas Públicas UNAB
