El manejo sanitario que la autoridad está haciendo en torno al coronavirus ha abierto un legítimo debate público, propio de una sociedad democrática, sobre la pertinencia o intensidad de cada medida, como también de su demora o de su carácter oportuno.
El gobierno sostiene que sus decisiones han sido siempre sensatas, basadas en la ciencia y sostenidas por razonamientos técnicos. No opinan lo mismo el Colegio Médico y los alcaldes, que piden agilizar la toma de decisiones y ser más radical en las medidas.
El debate, ciertamente, no es banal. Lo que se haga o deje de hacer en este momento puede ser clave para frenar -o no- la rápida propagación, que es la gran amenaza, pues si muchas personas se enferman al mismo tiempo, el sistema de salud colapsará y no podrá atender a todos los enfermos graves.
La decisión más importante fue la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a nivel nacional, el cual comenzó a regir el jueves, tendrá una vigencia de 90 días y permitirá la aplicación de medidas específicas, según cada región, para enfrentar la crisis. Las posibilidades son amplias, desde acciones para restringir la circulación de las personas, hasta establecer cuarentenas, toques de queda y confiscar bienes en el caso que sea necesario, como sucede con los artículos de primera necesidad.
En Ñuble, que ayer llegó a 44 casos positivos, situándose como la segunda región del país con más contagios después de la región Metropolitana, son precisamente las medidas más radicales, como la cuarentena general y el cierre de ciudades, las que han estado en el centro de la discusión. Sin ir más lejos, ayer en Chillán Viejo y Cobquecura, decretaron cuarentena comunal, saltándose la autoridad del Jefe de Zona y del Intendente, lo que desde el Gobierno fue considerado como un acto irresponsable, desprovisto de la prudencia que la actual situación amerita.
No obstante, el ejercicio de la democracia está precisamente en la discusión y la crítica a la intensidad de las medidas, nunca en los llamados a desobedecer o desconocer las instrucciones que el Gobierno decreta. En eso se debe ser muy claro: relajar en ningún caso, y si las medidas se van a acentuar, que haya una justificación técnica de peso, pues sería fatal que el populismo u otros intereses contagiaran las decisiones de la política pública que se debe adoptar.
La prioridad máxima en estos momentos es la protección de la salud de las personas mediante una detección oportuna (tema respecto del cual hay mucha preocupación), el tratamiento de los enfermos y la prevención de nuevos casos.
Las acciones que demanda esta situación sin precedentes históricos deben tener un objetivo eminentemente sanitario, tendiente a emparejar la curva local de una pandemia que desborda cualquier consideración económica y política, y no puede aceptar, por su gravedad, polémicas artificiosas sobre quién tiene la mejor receta. Un debate técnico, transparente y bien intencionado es lo que con urgencia se necesita.
