El más alto en 13 años. Así resumió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2021, el que registró un aumento de 1,3%. Según detalla el INE en su informe, la inflación acumula un alza de 5,8% en lo que va de este año y de 6,0% en doce meses, el doble de la meta que tiene el Banco Central.
Recordemos que la inflación se define como el incremento sostenido del nivel de precios de los bienes y servicios que se produce en un determinado periodo de tiempo y da lugar a una devaluación del dinero. Es decir, el dinero vale menos y por lo tanto permite adquirir menos bienes y servicios, perjudicando sobre todo a los sectores más pobres.
Pese a ello, el Congreso –o una buena parte de él- parece empecinado en aprobar un cuarto retiro de los fondos de pensiones, omitiendo por completo los fundamentos técnicos y las advertencias del Banco Central y de destacados economistas sobre el efecto inflacionario que causará esta medida. En otras palabras, el remedio producirá una enfermedad mayor.
Los tres retiros anteriores generaron mucho consenso y contaron con el apoyo de varios parlamentarios oficialistas, pero la votación de hoy en el Senado es mucho más incierta y nadie se atreve a aventurar qué va a ocurrir.
El debate de este proyecto -ya aprobado en la Cámara de Diputados y que es visto como una forma de protestar contra el cuestionado sistema de pensiones- coincide además con la campaña a las elecciones legislativas del próximo 21 de noviembre, en las que muchos parlamentarios buscan la reelección.
Se configura así un escenario que muestra síntomas evidentes de algo que generalmente ocurre, pero que no siempre se ve con nitidez en medio de las competencias electorales: las políticas de Estado pasan a un segundo plano y comienza a insuflarse, desde los diferentes sectores la tentación de promover políticas con marcado tinte populista, con el objeto de obtener ganancias políticas de corto plazo.
La lucha por el poder muchas veces nubla la mirada de país de todos los actores políticos, incluyendo a quienes son responsables de legislar. Conviene, entonces, no olvidar que los intereses propios de quienes están en la contienda electoral afectan el bien común, lo mismo que los principios básicos de la elaboración de políticas públicas, que en su esencia debieran dictarse pensando en estrategias de largo plazo, más que en los votos.
Cuando se gobierna y legisla primando el bien común, se realizan acuerdos consensuados entre los diferentes sectores políticos, se reciben opiniones de los técnicos y de los centros de estudios y se toman los tiempos necesarios para discutir la mejor opción.
Nada de aquello aplica a este proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones que traerá en lo inmediato alivio para algunos bolsillos -muchos menos que los tres retiros precedentes- pero producirá en el mediano plazo pensiones a la baja y aumento en el costo de la vida, todo lo contrario a lo que deberían buscar nuestros legisladores, hoy extraviados de su rol por la búsqueda de simpatía popular y votos.
