Señor Director:
Cuando el artículo 19, n°11 de la Constitución actual dice que “los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” se cae en una falacia por omisión, ya que ese supuesto universo de posibilidades van directa relación con el ingreso económico de cada familia y también con la cantidad de hijos que tengan. De hecho, ¿una madre soltera con un sueldo de 500 mil pesos y tres hijos tiene las mismas alternativas de elegir colegio que una familia con ingreso de 1 millón y sólo un hijo? La respuesta es obvia: a la exclusión efecto de la pobreza se suma una suerte de “castigo” por tener más hijos; hasta podríamos hablar de una suerte de regresividad social, donde el acceso a la calidad –que es lo que finalmente se busca– es un lujo. Lo público como defecto de lo privado, siempre abriendo la opción a endeudarse si se quiere algo mejor, cual mercancía.
En otras palabras, hoy el teórico derecho a elegir establecimiento educacional no es más que un privilegio disfrazado y avalado por la Carta Fundamental de 1980. Sé que es una perogrullada, pero hoy Chile está partido en educación para ricos y para pobres, siendo estos últimos los únicos perjudicados.
Esa es la división que, de cara al 4 de septiembre, algunos se niegan a terminar.
Fernando Fernández Ulloa
